ONG acusa a @AlvaroUribeVel de crímenes de lesa humanidad y pide sea juzgado ante La Haya
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ONG acusa a @AlvaroUribeVel de crímenes de lesa humanidad y pide sea juzgado ante La Haya
ONG acusa a Álvaro Uribe de crímenes de lesa humanidad y pide sea juzgado ante La Haya
Foto ©Redpres Noticias
Redpres |.- Medios de comunicación internacionales han difundido la decisión tomada por el centro CENIC Internacional, una organización internacional no gubernamental de Derechos Humanos, en donde su división especializada en estudios geopolíticos, políticos y sociales resolvió ingresar a: Álvaro Uribe Vélez, un personaje de la vida pública y política colombiana a la Lista de Corruptos y CLH – Criminales de Lesa Humanidad, para ser presentado formalmente ante el Tribunal de La C.P.I. – Corte Penal Internacional de La Haya, esto en base a la existencia de indicios suficientes o elementos procesales, testimonios, grabaciones, documentación, pruebas penales y materiales que soportan tal decisión, a raíz de los datos y/o revelaciones expuestas en investigaciones ejecutadas y/o realizadas, en el que se detallan minuciosamente más de una decena de cargos criminales que pesan sobre el sindicado. Motivos por los que debe ser puesto obligatoriamente a disposición del Tribunal Penal internacional, reseña el portal 'Progresismo Humano'.
Entre los varios cargos que se le imputan y se lo juzgan, están:
Delitos de Lesa Humanidad por los que se imputa al Sr. ALVARO URIBE VELEZ:
“Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo cualquiera de los actos siguientes: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Tortura; d) Sujeción a esclavitud; e) Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos; f) Discriminación institucionalizada por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte de la población; g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario; h) Encarcelamiento arbitrario; i) Desaparición forzada de personas; j) Violación, prostitución forzada y otras formas de abuso sexual; k) Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la mutilación y las lesiones graves.” (Artículo 18)”.
Vídeo ©Hispantv /Youtube
Los cargos por delitos de Lesa Humanidad por los que se lo acusa al Sr. ALVARO URIBE VELEZ, están descritos en base al Estatuto de Roma. El 17 de julio de 1998 fue aprobado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ER); allí se tipificaron una serie de conductas consideradas como Crímenes de Lesa Humanidad. Es válido anotar que el artículo 7 del ER, retoma los antecedentes históricos e incluye todas aquellas conductas consideradas graves y de reproche internacional; incorporando los elementos esenciales que en forma posterior expondremos a partir del desarrollo que del mismo realizó la Corte Constitucional.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002 y tiene competencia solamente respecto de los crímenes cometidos con posterioridad a esa fecha y en el caso colombiano, después del 1 de noviembre de 2002, fecha de entrada en vigencia con la ley 742 de 2002; es decir, tres meses después de haberse posesionado como presidente el señor ALVARO URIBE VELEZ. En la Sentencia C- 578 de 2002, la Corte Constitucional realizó un desarrollo de los elementos del crimen de lesa humanidad, a partir del contenido del artículo 7 del Estatuto de Roma, así: La definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma, está compuesta por seis elementos causales:
La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas – no contra Estados o gobiernos – y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos.
Así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:
La Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los “crímenes más graves de trascendencia internacional” sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del Estatuto y son:
a) El crimen de genocidio.
b) Los crímenes de lesa humanidad.
c) Los crímenes de guerra.
Contra el imputado debe ejercerse una acción penal y su consignación respectiva.
Ahora bien el fin del proceso penal es alcanzar la justicia, el bien común y la seguridad jurídica, esto ante las miles de víctimas, teniendo en consideración este fin general, el proceso penal deberá ser PENAL REPRESIVO (sancionando la peligrosidad delictiva del imputado) y PENAL PREVENTIVO (para evitar la comisión de más delitos adicionales).
La CPI tiene la obligación de investigar los crímenes de lesa humanidad, de juzgar y sancionar a sus autores y demás partícipes es una obligación absoluta frente a la cual los Estados no pueden argumentar obstáculos de derecho interno para sustraerse a sus compromisos internacionales.
PETICIÓN A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Primero. Que proceda a abrir la investigación contra el ex Presidente de la República señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ como responsable de los delitos de concierto para cometer crímenes de lesa humanidad, tortura, persecución por motivos políticos y demás crímenes de lesa humanidad que se desprendan de esta denuncia y de las investigaciones correspondientes.
Segundo. Desde ya solicitamos que la acusación contra el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez debe ser por delitos comunes (Crímenes de Lesa Humanidad); por tanto solicitamos inclusive al Senado de la República, dar aplicación al artículo 175 de Constitución Política de Colombia, numeral tercero; procediendo enviar la actuación a la Corte Suprema de Justicia.
Tercero. Se garantice a las víctimas el acceso pleno a la investigación y se les revista de todas las garantías procesales y materiales.
PRONTUARIO Y FILE CRIMINAL
A continuación un detalle completo del prontuario criminal y un resumen de la investigación sobre varios de los cargos de los que es imputado el acusado.
Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952, político de ultraderecha liberal desde sus inicios, logro ser Presidente de la República de Colombia en 2002 en base a maniobras políticas y aportes económicos de las mafias colombianas, fue reelegido en el año 2006, nuevamente bajo el auspicio de las fuerzas paramilitares asentadas en Colombia, las denominadas AUC – Autodefensas Unidas de Colombia quienes según las investigaciones realizadas y denuncias ante tribunales, aportaron grandes sumas de dinero a su campaña y a su gobierno como una forma más de ejecutar el lavado de dinero de actividades ilícitas, algo prohibido por las leyes y la legislación colombiana, ante lo cual la justicia colombiana negó investigar.
Vídeo ©teleSUR tv /Youtube
Militó en el Partido Liberal Colombiano de tendencia neoliberal de ultraderecha. Sus aliados procedieron a unirse con el directorio liberal de Antioquia, que era presidido por Bernardo Guerra, y Uribe entró con ellos al directorio, aunque eso duró poco ya que luego se volvió disidente sin romper con la esencia del partido. Hacia 1985 funda en Antioquia el movimiento regional conocido como Sector Democrático junto a su primo y aliado político Mario Uribe Escobar, movimiento que con el tiempo se transformaría en el Partido Colombia Democrática también de ideología de ultraderecha fascista aliado fuerte también de grupos paramilitares y mafias del narcotráfico.
Como asesor ha desempeñado diferentes cargos en las Empresas Públicas de Medellín, en el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil, gestiones en las que tuvo graves denuncias de corrupción y favores al narcotráfico, los mismos que fueron tapados por la justicia, sin seguir las investigaciones. También sirvió como Alcalde de la ciudad de Medellín durante (1982), ejerciendo de senador de la República (1986-1994) y, más tarde, de gobernador de Antioquia (1995-1997), oportunidad que aprovecho para llevarse de la mano con las mafias del narcotráfico. Posteriormente fue elegido presidente de la República de Colombia en 2002 y reelegido en 2006, apoyado por los sectores corporativos empresariales y trasnacionales norteamericanas y la elite de ultraderecha judío. En 2014 fue elegido como Senador de la República de Colombia, siempre auspiciado y bajo la sombras de las AUC.
Uribe contaba 28 años cuando fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil por el presidente Julio César Turbay, cargo que ocupó entre enero de 1980 y el 7 de agosto de 1982. Su función como director consistió en otorgar licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi, Urrao, y Caucasia. Esta situación fue aprovechada por Uribe para realizar favores y proceder a la asignación licencias de pistas a la mafia y redes del narcotráfico.
El mandato presidencial de Uribe se caracterizó por la lucha frontal contra los grupos y organizaciones de izquierda en Colombia y una simulada lucha contra el narcotráfico con la ayuda de EUA, cuya supuesta meta era eliminar el narcotráfico y las plantaciones de coca bajo un programa de gobierno denominado política de seguridad democrática que fue amparada en parte por el Plan Colombia y que fue criticada por sectores de la oposición y disidentes de izquierda, lo que incremento en gran manera la tasa de muertes en Colombia. Los resultados de este plan fueron desastrosos en los años de su gobierno, aumentando las tasas de asesinatos, criminalidad, bandas paramilitares, un aumento exponencial en las mafias de narcotráfico, en los cultivos de coca y producción de cocaína , aun con el apoyo de EUA junto a la DEA.
Se lo acusa de promover la impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico de los paramilitares de Colombia. Sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia iniciado por Uribe, algunos informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico algo que socapó durante su administración inundada de denuncias.
Debido al proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia se abrió el proceso que se denominó la parapolítica en Colombia, en las que el mismo gobierno de Uribe estaba involucrado.
En la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de campaña fue nada más y nada menos que Juan Manuel Santos Calderón, que llego a ser su ministro de defensa, miembro de la millonaria familia Santos, que es propietaria del grupo CET, a la cual pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio hermano Enrique Santos Calderón es el Director y editor en Jefe de los medios, esta relación le permitió a Uribe tener el control mediático de los medios en Bogotá y toda Colombia.
CARGOS POR NARCOTRÁFICO:
En 1980, Uribe ocupo el cargo de Director de la Aviación Civil, en su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas y permisos de construcción de pistas de aterrizaje a lo largo y ancho de Colombia exclusivamente para los carteles del narcotráfico. Sobre este tema Virginia Vallejo, pareja del capo Pablo Escobar Gaviria en sus declaraciones publicadas, indica que si no era por Uribe, el cartel de Medellín, estaría aun transportando los paquetes de cocaína por los ríos y por tierra, en llantas y por mar nadando hasta Miami, para llevar la cocaína hasta EUA. También confirma la estrecha relación entre Pablo Escobar y Álvaro Uribe.
De marzo de 1980 a agosto de 1982 fue director del departamento de Aeronáutica Civil del Gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala. Sus hagiógrafos destacan una intensidad actividad en los poco más de dos años que estuvo al frente, pero no se refieren a la gestión en la concesión de licencias de vuelo y de pistas de aterrizaje, que experimentaron un llamativo incremento del que se beneficiaron muchos conocidos narcotraficantes.
Entre varios de los escándalos que salieron a la luz tras las investigaciones realizadas durante su desempeño como servidor público, esta la que indica que Uribe Vélez, utilizo en una ocasión un helicóptero que le habría sido prestado expresamente por el narcotraficante Pablo Escobar. El helicóptero se habría utilizado para intentar rescatar a Alberto y a Santiago, padre y hermano de Álvaro Uribe, heridos en un ataque de las FARC y un enfrentamiento entre mafias del narcotráfico que no supo explicar, donde estaban involucrados familiares suyos.
La llegada del conservador Belisario Betancur a la Presidencia le supuso el relevo al frente de Aeronáutica, pero se mantuvo en la administración. En 1982, el Presidente lo nombró alcalde de Medellín; ese mismo año, Pablo Escobar fue elegido parlamentario en las filas del liberalismo. El Patrón trató de ganarse apoyo popular a su lucha para prohibir la extradición a Estados Unidos impulsando numerosos proyectos sociales, que contaron con el respaldo de la Alcaldía:
“como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Álvaro Oribe [sic] Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar [sic] también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante donó miles de arbustos”.
Uribe ha negado esos apoyos, pero incluso se ha afirmado que, a finales de 1982, viajó a reunirse con los cuatro grandes capos (Escobar, Ochoa, Ledher y Rodríguez Gacha) en el helicóptero que ellos mismos le facilitaron. Algunos investigadores del pasado de Uribe aseguran que esa fue la razón por la que Betancur lo relevó en la Alcaldía a los cinco meses, “a Uribe lo sacaron de la Alcaldía de Medellín por narcotraficante”. Sin embargo, la situación se manejó de forma reservada y no truncó la carrera del joven político: fue elegido concejal en dos periodos y senador en otros tantos. En aquellos años se fraguó la alianza entre terratenientes, ganaderos y narcotraficantes -tres facetas que en muchas ocasiones desarrollaba la misma persona-, apoyados por los caciques políticos locales, para transformar los grupos de autodefensa en verdaderos escuadrones de la muerte.
En otro escándalo el líder político liberal Rodrigo Lara Bonilla antes de ser asesinado el 30 de abril de 1984 por las mafias, luego de que la fuerza pública desmantelara el complejo cocalero en las selvas del Yarí llamado Tranquilandia, pertenecientes al cartel de Medellín y se encontrara un helicóptero de propiedad de la sociedad de Uribe y su familia. La hermana de Lara Bonilla, Cecilia, aseguró en 1984 y bajo juramento que Lara mencionaba a Uribe y a su padre, como una muestra y ejemplo de la infiltración de las mafias en las instituciones y la política colombiana. Dijo que lo de Tranquilandia, la hacienda del cartel de Medellín, era muy grave y comprometía gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era de la familia Uribe Velez en este caso del papá de Álvaro Uribe Vélez”.
El hijo de Rodrigo Lara Bonilla y miembro del gobierno de Uribe como Zar Anticorrupcion, declaró que se había ocultado ese expediente de investigación. Dos días antes renunció a su cargo aduciendo motivos familiares. Uribe no respondió al testimonio. Gaviria es primo del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar quien era uno de los dueños de Tranquilandia. Dicho lazo familiar entre el asesor José Obdulio Gaviria y el capo Escobar ha provocado controversias. En diciembre de 2007 el embajador de Colombia en Londres renunció a su cargo tras un informe del semanario El Espectador donde se informaba que el hermano de Obdulio Gaviria había estado relacionado con el pagador de los sicarios paramilitares que asesinaron a Guillermo Cano, Pedro Medellín está casado con la hija del asesinado periodista.
En el 2002 Uribe respondió indicando que su padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía varias fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Él utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando fue asesinado por las mafias ese helicóptero quedó y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió ese helicóptero.
Uribe es investigado por haber tenido estrecha relación con el Cartel de Medellín y haber fomentado agresivamente el paramilitarismo en Colombia. Se presentaron diferentes controversias y críticas a Uribe, su entorno familiar y de gobierno, su desempeño en diferentes funciones públicas o políticas junto a una relación íntima al narco paramilitarismo. Uribe también es investigado por recibir apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia en actividades políticas y apoyo financiero en casi todas las zonas de dominio de las FARC y ELN.
Investigaciones y denuncias realizadas por senadores, diputados y periodistas, muestran que existieron relaciones entre Alvaro Uribe y su familia con miembros del cartel de Medellín, basándose en archivos de periodísticos de la época y en un informe confidencial del Departamento de Estado de E.U. en el que se acusaba a Uribe de haber sido colaborador del cartel de Medellín y de haber sido partícipe de la expansión del paramilitarismo en Colombia.
De otro lado, la revista Newsweek reveló sus nexos con el cartel de Medellín al constatar que Uribe fue incluido en una lista de la DIA (Defense Intelligence Agency) en septiembre de 1991 con el número 82 de narcotraficantes, lista en la que Pablo Escobar también aparece con el 79. Este informe, luego fue reservado por el gobierno de Estados Unidos para proteger a Uribe y a sus intereses. Pero aun así aparece en varios Informes de Seguridad Nacional del Departamento de Defensa de EUA, donde se realiza una investigación de más de 124 delincuentes, relacionados con el narcotráfico colombiano, entre los 100 de la lista se destaca su nombre como el número 82, señalado en la investigación como político colombiano colaborador estrecho del cartel de Medellín, en los altos niveles de gobierno.
Uribe Vélez, se vinculó también a un negocio involucrado al negocio de los narcóticos en los EUA, con nexos con el cartel de Medellín y ha sido íntimo colaborador de Pablo Escobar Gaviria.
El 20 de febrero del 2007, el Diario Clarín de Argentina publicó una nota firmada por Pablo Biffi, titulada “Los vínculos de Uribe”. En ella el periodista citó a medios de comunicación como fuente para sugerir relaciones eventualmente ilegales o reprochables del Presidente Uribe con respecto al cartel de Medellín y al paramilitarismo.
Existen serias acusaciones que involucran al padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra con la Familia Ochoa, quienes hacían parte del cartel de Medellín, él cual había sido pedido en extradición por el gobierno norteamericano, como se afirma en el libro Los Jinetes de la Cocaína, de Fabio Castillo. Uribe en una entrevista reconoció e indico que lo que unía a la familia Uribe y la familia de Fabio Ochoa Vasco, era una amistad, negocios y los caballos. Sin precisar qué tipo de negocios. Esto se confirma cuando Uribe recibe financiamiento para su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de los extraditables más buscados del mundo, el mismo capo luego lo confirma ante los medios en Junio del 2007, indicando inclusive que fondos destinados a los paramilitares del narcotráfico fueron destinados a la campaña de Uribe.
El 18 de septiembre del 2014, Uribe, actual senador ultraderechista, fue acusado de supuestos nexos con paramilitares y narcotraficantes, en un intenso y largo debate en el Congreso. La discusión fue promovida por el senador Iván Cepeda, quien presentó pruebas de sus afirmaciones desde el inicio de la vida pública de Uribe en los años 80 hasta su llegada a la presidencia, que ocupó entre 2002 y 2010. “Como parte de las conductas de Uribe que se deben investigar hay decisiones que claramente han beneficiado al narcotráfico y al paramilitarismo”, dijo Cepeda, legislador en la Comisión Segunda del Senado.
Mencionó como ejemplos la concesión de licencias de aviación a personas relacionadas con el tráfico de drogas, la legalización de empresas de seguridad dirigidas por jefes de milicias ilegales de extrema derecha y la defensa del referendo contra la extradición durante el auge de los cárteles del narcotráfico en los años 90. Entre las pruebas contra Uribe, Cepeda señaló que el ex mandatario fue miembro principal de la Junta Directiva de la empresa del banquero del Cártel de Medellín Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el homicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano.
Mostró vínculos del ex gobernante, o de familiares cercanos, con narcotraficantes como Pablo Escobar, capo del Cártel de Medellín, la familia Ochoa y el clan de los Cifuentes Villa. Cepeda indicó que presentará todos los documentos a la Corte Suprema y a la Fiscalía.
Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, afirmó durante un debate de control político celebrado en el Senado que Uribe colaboró con el narcotraficante Pablo Escobar y contribuyó a la expansión de la violencia paramilitar en Colombia.
Le acusó de haber otorgado licencias para aterrizar en Medellín a avionetas del cartel de Escobar cuando era director de la Aeronáutica Civil (1981-1982), y de haber sido miembro “de la Junta Directiva de una empresa de Luis Carlos Molina”, condenado por el homicidio en 1986 de Guillermo Cano, el director del periódico ‘El Espectador’.
Además, según el parlamentario, el hermano del expresidente, Jaime, mantuvo una relación sentimental con Dolly Cifuentes, del clan Cifuentes Villa, que “en la actualidad sería proveedor de cocaína y desempeñaría las tareas de lavado de activos para el cartel de Sinaloa”.
Cepeda presentó al Senado documentos, grabaciones y vídeos con pruebas y testimonios de exjefes paramilitares.
Uribe no puede ser investigado al haber sido presidente durante dos legislaturas, pero sí puede serlo, en su rol de senador, por la Corte Suprema del país.
Además de la disputa con Cepeda, Uribe acusó al presidente de la Comisión Segunda, el senador Jimmy Chamorro, de haber recibido dinero de narcotraficantes y aseguró que entregará las pruebas que lo demuestran. Chamorro está seguro de que el material probatorio no existe. “Rechazo igualmente, por absolutamente mentirosas y calumniosas, las alusiones del senador Uribe a la existencia de una relación de cheques que supuestamente yo habría recibido del narcotráfico”, indicó Chamorro, citado por Radio Caracol.
Uribe también la emprendió con el exsenador y actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, que acusó a su hermano Santiago Uribe de urdir un complot paramilitar. Además, Uribe arremetió contra el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por “tramitar” cheques del cartel del Valle.
Otro escándalo que compromete a Uribe con pruebas documentadas es el referido a quien fuera su Jefe de campaña y también íntimo colaborador, Pedro Juan Moreno Villa, es el dueño de GMP productos químicos considerado por el Servicio Aduanero de los EUA, como mayor importador en Colombia del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína.
Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, “The Narco News” desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína (ver “Álvaro Uribe, el Narcotráfico y el Cartel de Medellín”.
De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos.
Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de contrabando.
Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia – cuya capital es Medellín – de 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall,
“entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia”.
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982.
En enero 2014 , la cuñada de Álvaro Uribe fue extraditada a EE.UU. fue operaria del ‘Chapo’ Guzmán según las investigaciones. Dolly Cifuentes, integrante del clan Cifuentes Villa, permaneció casada 15 años y tuvo dos hijos con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del ex presidente. Fue extraditada por narcotráfico a EE.UU., donde se declaró culpable.
Dolly Cifuentes Villa de Uribe se declaró culpable en uno de cinco cargos de narcotráfico que le hizo una Corte Federal del sur de la Florida (Estados Unidos). Esta colombiana fue señalada de ser socia directa del narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa.
Tras ser extraditada de Colombia a Estados Unidos, Cifuentes Villa se declaró culpable de “asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína consciente de que la droga iba a ser importada a los Estados Unidos”. Sin embargo, no aceptó otros cuatro cargos sobre fabricación e importación de drogas desde Colombia y Guatemala.
*Este file criminal de Uribe fue extraído de un Informe clasificado como Confidencial del Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA – Defense Intelligence Agency – Agencia de Defensa e Inteligencia).
CARGOS POR PARAMILITARISMO
Su gobierno ha sido criticado por la multiplicidad de violaciones recurrentes a los derechos humanos. Estas críticas han venido de diversas organizaciones sociales. Inclusive la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo tema, ante lo cual nada se ha hecho aun a pesar de la cantidad de pruebas de múltiples asesinatos que comprometen a Uribe al mejor estilo de las GAL de España donde se encontraba involucrado Felipe Gonzales.
Durante 2005, se desató en Colombia una serie de investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos funcionarios del gobierno de Uribe y ha él mismo con grupos paramilitares ilegales colombianos como las autodefensas unidas de Colombia – AUC, en lo que se denominó la “Parapolítica”. A este proceso se le conoce como el escándalo de la parapolítica. Según las investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación, asesinatos y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado inclusive cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales denominados paramilitares y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, construcción de fosas comunes como la denominada Gran Fosa Uribe con más de 10.000 desaparecidos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales también graves y considerables que tenían por objetivo extender el poder parapolítico de Uribe en el territorio nacional colombiano.
El 17 de noviembre de 2006, en su discurso con motivo de la Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, Uribe llamó falsamente y con hipocresía a los congresistas y funcionarios públicos a declarar si tenían nexos con los paramilitares, declarando que la responsabilidad penal es individual y no puede afectar a las instituciones y reiteró la invitación sarcástica a los paramilitares para que digan si tuvieron nexos con él.
Entre los funcionarios investigados se encuentran Jorge Aurelio Noguera Cotes ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y excónsul en Milán; Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex embajador encargado en Chile. El congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y uno de sus principales aliados políticos, también fue vinculado a una investigación por sus vínculos con el paramilitarismo. A grupos de políticos y empresarios relacionados a un entorno paramilitar.
Jorge Noguera, también amigo muy cercano a Uribe, trabajo activamente en su campaña política, luego ocupo el cargo de Director del DAS, y salió por ser acusado de favorecer a grupos de autodefensa paramilitares y a peces gordos del narcotráfico a quienes se brindaba protección en combinación con la DEA, así lo denuncio el ex jefe de informática del DAS Rafael García.
Otro escándalo es el relacionado a José Obdulio Gaviria, miembro del equipo de trabajo del entorno cercano de Uribe, consejero y hombre de confianza, pero que resultaba ser, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria.
Cargos por Caso falsos Positivos
En 2008 estalló uno de los mayores escándalos del gobierno de la administración Uribe Vélez que lo podrían llevar directamente a cumplir cadena perpetua en base a una dictamen de la CPI, el caso de los denominados Falsos Positivos, o ejecuciones extrajudiciales realizadas por órdenes directas de Uribe y su gobierno, ejecuciones que suman a más de 10.000 muertes. En este caso, se descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles inocentes, para hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y mostrar así resultados en la lucha contra los grupos insurgentes. Los detenidos era maniatados, fusilados, descuartizados salvajemente y luego enterrados en fosas comunes. Dicha violación de los Derechos Humanos por parte de las FFMM, implicó la renuncia del comandante del ejército en ese momento, el general Mario Montoya y la destitución de varios oficiales y suboficiales bajo las órdenes de Uribe. Alarmantes cifras muestran más de 10.000 víctimas de tales crímenes, catalogados como de lesa humanidad y han encendido las alarmas en organismos internacionales y de derechos humanos. La CPI ha manifestado, de manera reciente, que hay suficiente base para afirmar que se trató de una política de estado (terrorismo de estado) del gobierno narco paramilitar de Uribe, quien es investigado por dicho tribunal, junto con miembros de la fuerza pública y sobre el que pesan actualmente acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Uribe y su ministro de defensa Juan Manuel Santos aún están bajo investigación sin prosperar nada claro debido a las fuertes presiones del poder paramilitar y el narcotráfico sobre la justicia colombiana. Y se multiplican las denuncias en contra de Uribe por las acciones criminales realizadas contra los grupos sociales más pobres y por el número de muertos. La situación conllevó a algunos militares inescrupulosos asesinaran a jóvenes inocentes y fueran mostrados luego como terroristas para inflar sus resultados operacionales de la estrategia Uribe Vélez.
En septiembre 2015, bajo una orden internacional de la CIDH, la Fiscalía colombiana continúa avanzando en las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales, también denominadas ‘falsos positivos’, durante el régimen de Uribe. De hecho, avanza a pasos agigantados, al punto de que este miércoles sorprendió a 22 uniformados del Ejército a quienes capturó por estos hechos criminales, los llamados falsos positivos.
Con las órdenes de captura en mano, los fiscales detuvieron a 22 uniformados en Antioquia y Cesar, dentro de las investigaciones que indican que 18 campesinos fueron presentados como guerrilleros caídos en combate.
De los detenidos, ocho irán a juicio y 12 están llamados a indagatoria, dentro de las investigaciones por los hechos en los que fueron presentados 18 campesinos, en Antioquia y Cesar, como presuntos muertos en combate.
La directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, Katerina Hyeck, reveló que los casos vienen desde el 2004 y entre los llamados a juicio hay dos oficiales de alto rango: el teniente coronel Jair Arias Sánchez, comandante de la Quinta Zona de Reclutamiento en Bucaramanga, y el teniente coronel (r) William Roberto del Valle, ya detenido y quien tiene una condena en su contra por ‘falsos positivos’.
“La investigación se desprende por ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el 2004 en Antioquia, por el asesinato de dos personas, un obrero y un hombre con problemas psiquiátricos”, señaló la fiscal.
De acuerdo con la investigación, el 29 de septiembre del 2004, tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, fueron sorprendidas por guerrilleros de las FARC, en la vereda San Gregorio en Nariño (Antioquia), con un resultado que arrojó dos guerrilleros abatidos, así como la incautación de material de guerra e intendencia.
Las personas que los uniformados reportaron como muertos en combate habían sido declaradas desaparecidas por parte de sus familiares en el municipio de La Ceja (Antioquia). Fueron identificadas como Julio César Molina Ríos y Diego León Montoya López.
En este caso, la Fiscalía a cargo del proceso, además de llamarlos a juicio, envió copias a fin de que sean investigados por fraude procesal y falso testimonio. También están vinculados seis militares más: un capitán, un sargento segundo, un mayor y tres soldados profesionales -uno de ellos retirado.
Pero el anuncio de la Fiscalía no se quedó en este caso, fue más allá y ordenaron 14 capturas con fines de indagatoria en contra de miembros de la fuerza pública y dos civiles.
La medida se tomó en medio del caso del homicidio de 16 personas que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, en hechos registrados en el Batallón Especial Energético y Vial José María Cancino, con sede en La Jagua de Ibirico (Cesar).
Dicho proceso se inició tras la denuncia de varios miembros de la fuerza pública en la que revelaron como se organizaron dentro del batallón para contactar a los particulares que se encargarían del reclutamiento de las víctimas.
Luego se organizó el pago de las recompensas y la presentación de esas muertes en supuestos combates durante el desarrollo de aparentes operaciones militares emitidas por la comandancia de esa unidad militar.
Lo que sí está claro es el involucramiento y vinculación de los más altos niveles del gobierno de Uribe Vélez en los crímenes incluyendo a quien fuera su ministro de defensa Juan Manuel Santos quienes no pueden negar que coordinaban y ordenaban las operaciones de asesinatos.
CARGOS POR INVOLUCRAMIENTO EN NARCOPOLÍTICA
Yidispolítica es el nombre del escándalo con el que se conocen las declaraciones de la exRepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien afirmó haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de Uribe a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitiese a Álvaro Uribe Vélez aspirar a un segundo mandato presidencial. Uribe Vélez en ese entonces pidió repetir las elecciones del 2006. Los funcionarios involucrados en la controversia fueron Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt. Diego Palacio entrego beneficios entregados a la exrepresentante a la Cámara a cambio de su voto.
En 2002, la campaña presidencial de Uribe recibió en cheques y depósitos, más de 100 millones de pesos de parte de la empresa Uniapuestas, identificada como un palo blanco del lavado de dinero de varias mafias del narcotráfico, en la cual la señora Enilse López (alias “La Gata”) era la accionista mayoritaria. Posteriormente, López fue capturada y sindicada de varios cargos criminales por lavado de activos y desviación de fondos, relacionados con otros procesos judiciales. En el pasado también se la había criticado y considerado de estar relacionada con el narcotráfico, específicamente con Gonzalo Rodríguez Gacha miembro del Cartel de Medellín, motivo por el que se empezó a sospechar de la honestidad con la que Uribe recibió los dineros junto a varios aportes del paramilitarismo. Diversos críticos, entre ellos los precandidatos del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, cuestionaron tanto la moralidad del recibimiento de esos dineros como el que potencialmente se haya incurrido en alguna conducta criminal al aceptarlos.
En septiembre de 1994 con base en el artículo 42 del Decreto ley 356 de 1994, el Gobierno de Ernesto Samper Pizano ejecutó la creación de las Asociaciones Comunitarias paralelas de Vigilancia Rural (Convivir), promovidas por su antecesor Cesar Gaviria con la finalidad de crear un nuevo instrumento supuestamente de seguridad. Ante ésto Uribe Vélez fue uno de los mayores defensores de esta figura jurídica argumentando que las Convivir trabajaban fundamentalmente en temas de inteligencia, dejando la parte operativa a la fuerza pública aunque estas organizaciones portaban armas de grueso calibre asesinando campesinos y enterrándolos en fosas comunes.
En 2007, el senador Gustavo Petro denunció en un debate parlamentario que entre 1995 y 1997 Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y varios familiares de Enilse López, entre otros, participaron en las cooperativas de seguridad CONVIVIR favorecidos durante la gobernación de Uribe en Antioquia y dijo que operaron alrededor de ochenta de ellas en el departamento. Lo que queda claro es que la gobernación de Antioquia era quien daba la personería jurídica a estas organizaciones narco militares junto a una licencia que la otorgaba el Gobierno colombiano.
CONCLUSIONES
El Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
Los Estados Unidos han hecho los de la vista ciega, ante la cantidad de pruebas e información que compromete a Uribe en graves hechos delictivos. El silencio de la administración norteamericana y el apoyo incondicional del Presidente Bush y Obama a Uribe, deja entrever una obscura alianza entre ambas administraciones que muy claramente favorecen los intereses económicos estratégicos de EUA. Lo más curioso es que son medios americanos los que han investigado y denunciado todos estos hechos delictivos de Uribe.
El 8 de agosto del 2012, es presentado un abultado expediente de acusaciones por organismos libres de Derechos Humanos caratulado EXPEDIENTE SINDICADO ALVARO URIBE VELEZ, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, los mismos aún esperan la resolución de la corte.
Uribe está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana. Los obrados han sido presentados.
Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados “falsos positivos”, el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de “casos aislados”, aunque para el tribunal internacional – la CPI, al que han llegado los más de 3.000 casos de los más de 10.000 asesinatos reconocidos por la propia fiscalía colombiana: “hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado de limpieza; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.”.
Denuncias adicionales contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional han sido presentados personalmente por el Presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: ” a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra políticos, magistrados, campesinos y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por motivos políticos”. Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios narco paramilitares que actuaban con la información suministrada por éste.
Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía por su protagonismo en la formación del ejércitos narco paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe ha intentando blindarse con el apoyo de la cúpula militar y con su fuerza política, el “Puro Centro Democrático” por la que es Senador y pretender esconderse bajo la inmunidad de su cargo o incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.
Una Comisión de Eurodiputados de la UE realizara un levantamiento de datos de los crímenes realizados durante la administración Uribe Vélez que podrían llevar al político colombiano directamente a la CPI. La delegación parlamentaria esta integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví), estudiaran los casos y realizaran un informe legal para el Congreso y la Eurocámara por los graves crímenes. También acompañan la investigación una delegación de parlamentarios ingleses.
Otra delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó tras una audiencia pública en la localidad de Macarena, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados. La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó “que el Ejército asesine a su pueblo por orden de su gobierno es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo es un crimen de lesa humanidad”. Las investigaciones tabulan hasta un total de 35.000 personas asesinadas.
Ver el dossier completo de la denuncia Aquí
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Redpres |.- Medios de comunicación internacionales han difundido la decisión tomada por el centro CENIC Internacional, una organización internacional no gubernamental de Derechos Humanos, en donde su división especializada en estudios geopolíticos, políticos y sociales resolvió ingresar a: Álvaro Uribe Vélez, un personaje de la vida pública y política colombiana a la Lista de Corruptos y CLH – Criminales de Lesa Humanidad, para ser presentado formalmente ante el Tribunal de La C.P.I. – Corte Penal Internacional de La Haya, esto en base a la existencia de indicios suficientes o elementos procesales, testimonios, grabaciones, documentación, pruebas penales y materiales que soportan tal decisión, a raíz de los datos y/o revelaciones expuestas en investigaciones ejecutadas y/o realizadas, en el que se detallan minuciosamente más de una decena de cargos criminales que pesan sobre el sindicado. Motivos por los que debe ser puesto obligatoriamente a disposición del Tribunal Penal internacional, reseña el portal 'Progresismo Humano'.
Entre los varios cargos que se le imputan y se lo juzgan, están:
- 1- Concierto para cometer crímenes de lesa humanidad siendo autor intelectual de cientos de crímenes realizados.
2- Promocionar y alentar el lavado de dinero producto de actividades ilícitas.
3- Encubrimiento de cientos de asesinatos.
4- Recibir sobornos y financiamiento de grupos delictivos.
5- Creación, financiación y soporte de los escuadrones de la muerte.
6- Autorizar y ordenar ejecuciones extrajudiciales masivas, asesinatos selectivos y en masa.
7 -Asociación delictuosa.
8- Narcotráfico.
9- Autorizar persecución a personas extrajudicialmente.
10- Forzar Exterminios y limpiezas étnicas.
11- Encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional.
12- Autorizar torturas.
13- Forzar a violaciones, esclavitud sexual, prostitución forzada y esterilizaciones forzadas y varias formas de violencias sexual como amedrentamiento.
14- Financiación y promoción de actividades paramilitares.
15-Traición a la patria (Colombia).
16- Conspiración política y atentar contra la soberanía de los pueblos.
17- Injerencia criminal y en hechos conspirativos en asuntos internos de naciones vecinas promoviendo la desestabilización de naciones vecinas.
Delitos de Lesa Humanidad por los que se imputa al Sr. ALVARO URIBE VELEZ:
“Por crimen contra la humanidad se entiende la comisión sistemática o en gran escala e instigada o dirigida por un gobierno o por una organización política o grupo cualquiera de los actos siguientes: a) Asesinato; b) Exterminio; c) Tortura; d) Sujeción a esclavitud; e) Persecución por motivos políticos, raciales, religiosos o étnicos; f) Discriminación institucionalizada por motivos raciales, étnicos o religiosos que suponga la violación de los derechos y libertades fundamentales y entrañe graves desventajas para una parte de la población; g) Deportación o traslado forzoso de poblaciones, con carácter arbitrario; h) Encarcelamiento arbitrario; i) Desaparición forzada de personas; j) Violación, prostitución forzada y otras formas de abuso sexual; k) Otros actos inhumanos que menoscaben gravemente la integridad física o mental, la salud o la dignidad humana, como la mutilación y las lesiones graves.” (Artículo 18)”.
Vídeo ©Hispantv /Youtube
Los cargos por delitos de Lesa Humanidad por los que se lo acusa al Sr. ALVARO URIBE VELEZ, están descritos en base al Estatuto de Roma. El 17 de julio de 1998 fue aprobado el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (ER); allí se tipificaron una serie de conductas consideradas como Crímenes de Lesa Humanidad. Es válido anotar que el artículo 7 del ER, retoma los antecedentes históricos e incluye todas aquellas conductas consideradas graves y de reproche internacional; incorporando los elementos esenciales que en forma posterior expondremos a partir del desarrollo que del mismo realizó la Corte Constitucional.
El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002 y tiene competencia solamente respecto de los crímenes cometidos con posterioridad a esa fecha y en el caso colombiano, después del 1 de noviembre de 2002, fecha de entrada en vigencia con la ley 742 de 2002; es decir, tres meses después de haberse posesionado como presidente el señor ALVARO URIBE VELEZ. En la Sentencia C- 578 de 2002, la Corte Constitucional realizó un desarrollo de los elementos del crimen de lesa humanidad, a partir del contenido del artículo 7 del Estatuto de Roma, así: La definición de crímenes de lesa humanidad del Estatuto de Roma, está compuesta por seis elementos causales:
- 1- Ataque generalizado o sistemático.
2- Ataque dirigido contra la población civil.
3- Comisión de actos inhumanos.
4- Conocimiento de que se trata de un ataque sistemático o generalizado contra una población civil.
5- Persecución con fundamentos políticos, raciales, nacionales, étnicos.
6- Ataque contra una población civil”, “exterminio”, “esclavitud”, “deportación o traslado forzoso de población”, “tortura”, “embarazo forzado”, “persecución”, “crimen de apartheid” y “desaparición forzada de personas.
La Corte Penal Internacional únicamente es competente para conocer denuncias penales contra personas individualizadas – no contra Estados o gobiernos – y con carácter complementario con las jurisdicciones penales de los países donde hayan ocurrido los hechos.
Así se establece en el artículo 1 del Estatuto de la CPI.:
La Corte estará facultada para ejercer su jurisdicción sobre personas respecto de los crímenes más graves de trascendencia internacional de conformidad con el presente Estatuto y tendrá carácter complementario de las jurisdicciones penales nacionales.
Los “crímenes más graves de trascendencia internacional” sobre los cuales tendría competencia la Corte, se indican en el artículo 5 del Estatuto y son:
a) El crimen de genocidio.
b) Los crímenes de lesa humanidad.
c) Los crímenes de guerra.
Contra el imputado debe ejercerse una acción penal y su consignación respectiva.
Ahora bien el fin del proceso penal es alcanzar la justicia, el bien común y la seguridad jurídica, esto ante las miles de víctimas, teniendo en consideración este fin general, el proceso penal deberá ser PENAL REPRESIVO (sancionando la peligrosidad delictiva del imputado) y PENAL PREVENTIVO (para evitar la comisión de más delitos adicionales).
La CPI tiene la obligación de investigar los crímenes de lesa humanidad, de juzgar y sancionar a sus autores y demás partícipes es una obligación absoluta frente a la cual los Estados no pueden argumentar obstáculos de derecho interno para sustraerse a sus compromisos internacionales.
PETICIÓN A LA CORTE PENAL INTERNACIONAL
Primero. Que proceda a abrir la investigación contra el ex Presidente de la República señor ÁLVARO URIBE VÉLEZ como responsable de los delitos de concierto para cometer crímenes de lesa humanidad, tortura, persecución por motivos políticos y demás crímenes de lesa humanidad que se desprendan de esta denuncia y de las investigaciones correspondientes.
Segundo. Desde ya solicitamos que la acusación contra el Ex Presidente Álvaro Uribe Vélez debe ser por delitos comunes (Crímenes de Lesa Humanidad); por tanto solicitamos inclusive al Senado de la República, dar aplicación al artículo 175 de Constitución Política de Colombia, numeral tercero; procediendo enviar la actuación a la Corte Suprema de Justicia.
Tercero. Se garantice a las víctimas el acceso pleno a la investigación y se les revista de todas las garantías procesales y materiales.
PRONTUARIO Y FILE CRIMINAL
A continuación un detalle completo del prontuario criminal y un resumen de la investigación sobre varios de los cargos de los que es imputado el acusado.
Álvaro Uribe Vélez nació en Medellín el 4 de julio de 1952, político de ultraderecha liberal desde sus inicios, logro ser Presidente de la República de Colombia en 2002 en base a maniobras políticas y aportes económicos de las mafias colombianas, fue reelegido en el año 2006, nuevamente bajo el auspicio de las fuerzas paramilitares asentadas en Colombia, las denominadas AUC – Autodefensas Unidas de Colombia quienes según las investigaciones realizadas y denuncias ante tribunales, aportaron grandes sumas de dinero a su campaña y a su gobierno como una forma más de ejecutar el lavado de dinero de actividades ilícitas, algo prohibido por las leyes y la legislación colombiana, ante lo cual la justicia colombiana negó investigar.
Vídeo ©teleSUR tv /Youtube
Militó en el Partido Liberal Colombiano de tendencia neoliberal de ultraderecha. Sus aliados procedieron a unirse con el directorio liberal de Antioquia, que era presidido por Bernardo Guerra, y Uribe entró con ellos al directorio, aunque eso duró poco ya que luego se volvió disidente sin romper con la esencia del partido. Hacia 1985 funda en Antioquia el movimiento regional conocido como Sector Democrático junto a su primo y aliado político Mario Uribe Escobar, movimiento que con el tiempo se transformaría en el Partido Colombia Democrática también de ideología de ultraderecha fascista aliado fuerte también de grupos paramilitares y mafias del narcotráfico.
Como asesor ha desempeñado diferentes cargos en las Empresas Públicas de Medellín, en el Ministerio de Trabajo y la Aeronáutica Civil, gestiones en las que tuvo graves denuncias de corrupción y favores al narcotráfico, los mismos que fueron tapados por la justicia, sin seguir las investigaciones. También sirvió como Alcalde de la ciudad de Medellín durante (1982), ejerciendo de senador de la República (1986-1994) y, más tarde, de gobernador de Antioquia (1995-1997), oportunidad que aprovecho para llevarse de la mano con las mafias del narcotráfico. Posteriormente fue elegido presidente de la República de Colombia en 2002 y reelegido en 2006, apoyado por los sectores corporativos empresariales y trasnacionales norteamericanas y la elite de ultraderecha judío. En 2014 fue elegido como Senador de la República de Colombia, siempre auspiciado y bajo la sombras de las AUC.
Uribe contaba 28 años cuando fue nombrado Director de la Aeronáutica Civil por el presidente Julio César Turbay, cargo que ocupó entre enero de 1980 y el 7 de agosto de 1982. Su función como director consistió en otorgar licencias para la construcción de aeropuertos en los municipios de Frontino, Amalfi, Urrao, y Caucasia. Esta situación fue aprovechada por Uribe para realizar favores y proceder a la asignación licencias de pistas a la mafia y redes del narcotráfico.
El mandato presidencial de Uribe se caracterizó por la lucha frontal contra los grupos y organizaciones de izquierda en Colombia y una simulada lucha contra el narcotráfico con la ayuda de EUA, cuya supuesta meta era eliminar el narcotráfico y las plantaciones de coca bajo un programa de gobierno denominado política de seguridad democrática que fue amparada en parte por el Plan Colombia y que fue criticada por sectores de la oposición y disidentes de izquierda, lo que incremento en gran manera la tasa de muertes en Colombia. Los resultados de este plan fueron desastrosos en los años de su gobierno, aumentando las tasas de asesinatos, criminalidad, bandas paramilitares, un aumento exponencial en las mafias de narcotráfico, en los cultivos de coca y producción de cocaína , aun con el apoyo de EUA junto a la DEA.
Se lo acusa de promover la impunidad en torno a materias como los crímenes de lesa humanidad o el narcotráfico de los paramilitares de Colombia. Sobre el proceso de desmovilización de paramilitares en Colombia iniciado por Uribe, algunos informes de prensa han revelado que algunos de los desmovilizados siguen presuntamente delinquiendo desde la cárcel y existen varios grupos emergentes que continúan con las prácticas paramilitares y de narcotráfico algo que socapó durante su administración inundada de denuncias.
Debido al proceso de desmovilización con las Autodefensas Unidas de Colombia se abrió el proceso que se denominó la parapolítica en Colombia, en las que el mismo gobierno de Uribe estaba involucrado.
En la segunda campaña presidencial de Uribe, su jefe de campaña fue nada más y nada menos que Juan Manuel Santos Calderón, que llego a ser su ministro de defensa, miembro de la millonaria familia Santos, que es propietaria del grupo CET, a la cual pertenece el diario El Tiempo de Bogotá, en el cual su propio hermano Enrique Santos Calderón es el Director y editor en Jefe de los medios, esta relación le permitió a Uribe tener el control mediático de los medios en Bogotá y toda Colombia.
CARGOS POR NARCOTRÁFICO:
En 1980, Uribe ocupo el cargo de Director de la Aviación Civil, en su gestión se cuentan las numerosas licencias otorgadas y permisos de construcción de pistas de aterrizaje a lo largo y ancho de Colombia exclusivamente para los carteles del narcotráfico. Sobre este tema Virginia Vallejo, pareja del capo Pablo Escobar Gaviria en sus declaraciones publicadas, indica que si no era por Uribe, el cartel de Medellín, estaría aun transportando los paquetes de cocaína por los ríos y por tierra, en llantas y por mar nadando hasta Miami, para llevar la cocaína hasta EUA. También confirma la estrecha relación entre Pablo Escobar y Álvaro Uribe.
De marzo de 1980 a agosto de 1982 fue director del departamento de Aeronáutica Civil del Gobierno liberal de Julio César Turbay Ayala. Sus hagiógrafos destacan una intensidad actividad en los poco más de dos años que estuvo al frente, pero no se refieren a la gestión en la concesión de licencias de vuelo y de pistas de aterrizaje, que experimentaron un llamativo incremento del que se beneficiaron muchos conocidos narcotraficantes.
Entre varios de los escándalos que salieron a la luz tras las investigaciones realizadas durante su desempeño como servidor público, esta la que indica que Uribe Vélez, utilizo en una ocasión un helicóptero que le habría sido prestado expresamente por el narcotraficante Pablo Escobar. El helicóptero se habría utilizado para intentar rescatar a Alberto y a Santiago, padre y hermano de Álvaro Uribe, heridos en un ataque de las FARC y un enfrentamiento entre mafias del narcotráfico que no supo explicar, donde estaban involucrados familiares suyos.
La llegada del conservador Belisario Betancur a la Presidencia le supuso el relevo al frente de Aeronáutica, pero se mantuvo en la administración. En 1982, el Presidente lo nombró alcalde de Medellín; ese mismo año, Pablo Escobar fue elegido parlamentario en las filas del liberalismo. El Patrón trató de ganarse apoyo popular a su lucha para prohibir la extradición a Estados Unidos impulsando numerosos proyectos sociales, que contaron con el respaldo de la Alcaldía:
“como Medellín sin Tugurios, plan lanzado públicamente en Bogotá por el Alcalde Álvaro Oribe [sic] Vélez, y que consistió, según se supo luego, en las mil casas en obra negra que fueron donadas a los residentes en un basurero de la ciudad, financiadas por Pablo Escobar [sic] también adelantó el programa Medellín Cívico, en el que el narcotraficante donó miles de arbustos”.
Uribe ha negado esos apoyos, pero incluso se ha afirmado que, a finales de 1982, viajó a reunirse con los cuatro grandes capos (Escobar, Ochoa, Ledher y Rodríguez Gacha) en el helicóptero que ellos mismos le facilitaron. Algunos investigadores del pasado de Uribe aseguran que esa fue la razón por la que Betancur lo relevó en la Alcaldía a los cinco meses, “a Uribe lo sacaron de la Alcaldía de Medellín por narcotraficante”. Sin embargo, la situación se manejó de forma reservada y no truncó la carrera del joven político: fue elegido concejal en dos periodos y senador en otros tantos. En aquellos años se fraguó la alianza entre terratenientes, ganaderos y narcotraficantes -tres facetas que en muchas ocasiones desarrollaba la misma persona-, apoyados por los caciques políticos locales, para transformar los grupos de autodefensa en verdaderos escuadrones de la muerte.
En otro escándalo el líder político liberal Rodrigo Lara Bonilla antes de ser asesinado el 30 de abril de 1984 por las mafias, luego de que la fuerza pública desmantelara el complejo cocalero en las selvas del Yarí llamado Tranquilandia, pertenecientes al cartel de Medellín y se encontrara un helicóptero de propiedad de la sociedad de Uribe y su familia. La hermana de Lara Bonilla, Cecilia, aseguró en 1984 y bajo juramento que Lara mencionaba a Uribe y a su padre, como una muestra y ejemplo de la infiltración de las mafias en las instituciones y la política colombiana. Dijo que lo de Tranquilandia, la hacienda del cartel de Medellín, era muy grave y comprometía gente muy importante de la política del país, que el helicóptero que habían cogido en Tranquilandia era de la familia Uribe Velez en este caso del papá de Álvaro Uribe Vélez”.
El hijo de Rodrigo Lara Bonilla y miembro del gobierno de Uribe como Zar Anticorrupcion, declaró que se había ocultado ese expediente de investigación. Dos días antes renunció a su cargo aduciendo motivos familiares. Uribe no respondió al testimonio. Gaviria es primo del extinto capo del narcotráfico Pablo Escobar quien era uno de los dueños de Tranquilandia. Dicho lazo familiar entre el asesor José Obdulio Gaviria y el capo Escobar ha provocado controversias. En diciembre de 2007 el embajador de Colombia en Londres renunció a su cargo tras un informe del semanario El Espectador donde se informaba que el hermano de Obdulio Gaviria había estado relacionado con el pagador de los sicarios paramilitares que asesinaron a Guillermo Cano, Pedro Medellín está casado con la hija del asesinado periodista.
En el 2002 Uribe respondió indicando que su padre fue socio de una empresa que tuvo un helicóptero. Él tenía varias fincas en el Valle del Cauca, Urabá, Córdoba y en varias regiones de Antioquia. Él utilizaba ese helicóptero para sus desplazamientos. Cuando fue asesinado por las mafias ese helicóptero quedó y mi hermano Jaime finalmente vendió las acciones de esa empresa y esa empresa salió ese helicóptero.
Uribe es investigado por haber tenido estrecha relación con el Cartel de Medellín y haber fomentado agresivamente el paramilitarismo en Colombia. Se presentaron diferentes controversias y críticas a Uribe, su entorno familiar y de gobierno, su desempeño en diferentes funciones públicas o políticas junto a una relación íntima al narco paramilitarismo. Uribe también es investigado por recibir apoyo de las Autodefensas Unidas de Colombia en actividades políticas y apoyo financiero en casi todas las zonas de dominio de las FARC y ELN.
Investigaciones y denuncias realizadas por senadores, diputados y periodistas, muestran que existieron relaciones entre Alvaro Uribe y su familia con miembros del cartel de Medellín, basándose en archivos de periodísticos de la época y en un informe confidencial del Departamento de Estado de E.U. en el que se acusaba a Uribe de haber sido colaborador del cartel de Medellín y de haber sido partícipe de la expansión del paramilitarismo en Colombia.
De otro lado, la revista Newsweek reveló sus nexos con el cartel de Medellín al constatar que Uribe fue incluido en una lista de la DIA (Defense Intelligence Agency) en septiembre de 1991 con el número 82 de narcotraficantes, lista en la que Pablo Escobar también aparece con el 79. Este informe, luego fue reservado por el gobierno de Estados Unidos para proteger a Uribe y a sus intereses. Pero aun así aparece en varios Informes de Seguridad Nacional del Departamento de Defensa de EUA, donde se realiza una investigación de más de 124 delincuentes, relacionados con el narcotráfico colombiano, entre los 100 de la lista se destaca su nombre como el número 82, señalado en la investigación como político colombiano colaborador estrecho del cartel de Medellín, en los altos niveles de gobierno.
Uribe Vélez, se vinculó también a un negocio involucrado al negocio de los narcóticos en los EUA, con nexos con el cartel de Medellín y ha sido íntimo colaborador de Pablo Escobar Gaviria.
El 20 de febrero del 2007, el Diario Clarín de Argentina publicó una nota firmada por Pablo Biffi, titulada “Los vínculos de Uribe”. En ella el periodista citó a medios de comunicación como fuente para sugerir relaciones eventualmente ilegales o reprochables del Presidente Uribe con respecto al cartel de Medellín y al paramilitarismo.
Existen serias acusaciones que involucran al padre de Uribe, Alberto Uribe Sierra con la Familia Ochoa, quienes hacían parte del cartel de Medellín, él cual había sido pedido en extradición por el gobierno norteamericano, como se afirma en el libro Los Jinetes de la Cocaína, de Fabio Castillo. Uribe en una entrevista reconoció e indico que lo que unía a la familia Uribe y la familia de Fabio Ochoa Vasco, era una amistad, negocios y los caballos. Sin precisar qué tipo de negocios. Esto se confirma cuando Uribe recibe financiamiento para su campaña por parte de Fabio Ochoa Vasco, uno de los extraditables más buscados del mundo, el mismo capo luego lo confirma ante los medios en Junio del 2007, indicando inclusive que fondos destinados a los paramilitares del narcotráfico fueron destinados a la campaña de Uribe.
El 18 de septiembre del 2014, Uribe, actual senador ultraderechista, fue acusado de supuestos nexos con paramilitares y narcotraficantes, en un intenso y largo debate en el Congreso. La discusión fue promovida por el senador Iván Cepeda, quien presentó pruebas de sus afirmaciones desde el inicio de la vida pública de Uribe en los años 80 hasta su llegada a la presidencia, que ocupó entre 2002 y 2010. “Como parte de las conductas de Uribe que se deben investigar hay decisiones que claramente han beneficiado al narcotráfico y al paramilitarismo”, dijo Cepeda, legislador en la Comisión Segunda del Senado.
Mencionó como ejemplos la concesión de licencias de aviación a personas relacionadas con el tráfico de drogas, la legalización de empresas de seguridad dirigidas por jefes de milicias ilegales de extrema derecha y la defensa del referendo contra la extradición durante el auge de los cárteles del narcotráfico en los años 90. Entre las pruebas contra Uribe, Cepeda señaló que el ex mandatario fue miembro principal de la Junta Directiva de la empresa del banquero del Cártel de Medellín Luis Carlos Molina Yepes, condenado por el homicidio en 1986 del director del diario El Espectador, Guillermo Cano.
Mostró vínculos del ex gobernante, o de familiares cercanos, con narcotraficantes como Pablo Escobar, capo del Cártel de Medellín, la familia Ochoa y el clan de los Cifuentes Villa. Cepeda indicó que presentará todos los documentos a la Corte Suprema y a la Fiscalía.
Cepeda, del izquierdista Polo Democrático Alternativo, afirmó durante un debate de control político celebrado en el Senado que Uribe colaboró con el narcotraficante Pablo Escobar y contribuyó a la expansión de la violencia paramilitar en Colombia.
Le acusó de haber otorgado licencias para aterrizar en Medellín a avionetas del cartel de Escobar cuando era director de la Aeronáutica Civil (1981-1982), y de haber sido miembro “de la Junta Directiva de una empresa de Luis Carlos Molina”, condenado por el homicidio en 1986 de Guillermo Cano, el director del periódico ‘El Espectador’.
Además, según el parlamentario, el hermano del expresidente, Jaime, mantuvo una relación sentimental con Dolly Cifuentes, del clan Cifuentes Villa, que “en la actualidad sería proveedor de cocaína y desempeñaría las tareas de lavado de activos para el cartel de Sinaloa”.
Cepeda presentó al Senado documentos, grabaciones y vídeos con pruebas y testimonios de exjefes paramilitares.
Uribe no puede ser investigado al haber sido presidente durante dos legislaturas, pero sí puede serlo, en su rol de senador, por la Corte Suprema del país.
Además de la disputa con Cepeda, Uribe acusó al presidente de la Comisión Segunda, el senador Jimmy Chamorro, de haber recibido dinero de narcotraficantes y aseguró que entregará las pruebas que lo demuestran. Chamorro está seguro de que el material probatorio no existe. “Rechazo igualmente, por absolutamente mentirosas y calumniosas, las alusiones del senador Uribe a la existencia de una relación de cheques que supuestamente yo habría recibido del narcotráfico”, indicó Chamorro, citado por Radio Caracol.
Uribe también la emprendió con el exsenador y actual vicepresidente Germán Vargas Lleras, que acusó a su hermano Santiago Uribe de urdir un complot paramilitar. Además, Uribe arremetió contra el actual ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, por “tramitar” cheques del cartel del Valle.
Otro escándalo que compromete a Uribe con pruebas documentadas es el referido a quien fuera su Jefe de campaña y también íntimo colaborador, Pedro Juan Moreno Villa, es el dueño de GMP productos químicos considerado por el Servicio Aduanero de los EUA, como mayor importador en Colombia del permanganato potásico, precursor que se emplea en la producción de cocaína.
Álvaro Uribe Vélez, el “precursor del Narco-Estado”, como ha sido denominado por uno de las más importantes centros de investigación en materia de narcotráfico internacional, “The Narco News” desde que en 1997 y 1998, los agentes de aduanas de Estados Unidos en California detuvieron tres sospechosas naves con destino a Colombia que, descubrirían luego los agentes, portaban un total 50 toneladas de permanganato de potasio, un precursor químico clave, necesario en la manufactura de cocaína (ver “Álvaro Uribe, el Narcotráfico y el Cartel de Medellín”.
De acuerdo a un documento firmado por el jefe de la DEA Donnie R. Marshall el 3 de agosto de 2001, las naves se dirigían a Medellín, Colombia, a nombre de una empresa llamada GMP Productos Químicos.
Las 50 toneladas del precursor químico destinadas a GMP eran suficientes para fabricar 500 toneladas de hidroclorato de cocaína, con un valor en la calle de 15 mil millones de dólares. El dueño de GMP Productos Químicos, de acuerdo al reporte de 2001 de la DEA, era Pedro Juan Moreno Villa, el jefe de campaña y ex secretario de gobierno durante el periodo de Uribe como Gobernador de Antioquia y, por mucho tiempo, mano derecha del todavía Presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez.
Moreno fue el alter ego político de Uribe durante y después de esos nerviosos meses de 1997 y 1998, cuando esperaba esos envíos de contrabando.
Cuando Uribe fue gobernador del estado de Antioquia – cuya capital es Medellín – de 1995 a 1997, Moreno era el secretario de gobierno. Durante esos años, según el entonces jefe de la DEA Marshall,
“entre 1994 y 1998, GMP fue el más grande importador de permanganato de potasio en Colombia”.
Recordemos que el primer cargo público del entonces joven licenciado en derecho Álvaro Uribe, fue el de Director de la agencia de Aeronáutica Civil de Colombia entre 1980 y 1982.
En enero 2014 , la cuñada de Álvaro Uribe fue extraditada a EE.UU. fue operaria del ‘Chapo’ Guzmán según las investigaciones. Dolly Cifuentes, integrante del clan Cifuentes Villa, permaneció casada 15 años y tuvo dos hijos con Jaime Alberto Uribe Vélez, hermano del ex presidente. Fue extraditada por narcotráfico a EE.UU., donde se declaró culpable.
Dolly Cifuentes Villa de Uribe se declaró culpable en uno de cinco cargos de narcotráfico que le hizo una Corte Federal del sur de la Florida (Estados Unidos). Esta colombiana fue señalada de ser socia directa del narcotraficante más buscado del mundo, el mexicano Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, jefe del Cartel de Sinaloa.
Tras ser extraditada de Colombia a Estados Unidos, Cifuentes Villa se declaró culpable de “asociación ilícita para fabricar y distribuir cocaína consciente de que la droga iba a ser importada a los Estados Unidos”. Sin embargo, no aceptó otros cuatro cargos sobre fabricación e importación de drogas desde Colombia y Guatemala.
ANTECEDENTES EN LA DEFENSE INTELLIGENCE AGENCY
Ficha de cargos del Departamento de Estado de EUA y Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency) sobre Álvaro Uribe Vélez
Tipo: Confidencial.
Fecha: Septiembre 1991.
Informe clasificado: Confidencial.
Origen: Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA. Defense Intelligence Agency).
Narcotraficante en lista Nro. 82.
Nombre: Álvaro Uribe Vélez.
Actividad actual: Político colombiano y senador.
Sindicación: Dedicado a colaborar con el Cartel de Medellín a altos niveles gubernamentales. Uribe ha sido vinculado a negocios relacionados con las drogas en Estados Unidos.
Otros vínculos: Su padre fue asesinado en Colombia debido a sus conexiones con los carteles y traficantes de drogas. Uribe ha trabajado para el Cartel de Medellín y ha sido amigo personal y colaborador cercano de Pablo Escobar Gaviria.
Uribe ha participado en la campaña política de Escobar para ganar el puesto de parlamentario suplente de Jorge Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado todas las formas del Tratado de Extradición (de Colombia con los Estados Unidos).
*Este file criminal de Uribe fue extraído de un Informe clasificado como Confidencial del Departamento de Defensa de EE.UU. (DIA – Defense Intelligence Agency – Agencia de Defensa e Inteligencia).
CARGOS POR PARAMILITARISMO
Su gobierno ha sido criticado por la multiplicidad de violaciones recurrentes a los derechos humanos. Estas críticas han venido de diversas organizaciones sociales. Inclusive la organización de derechos humanos Human Rights Watch ha conminado al gobierno de Estados Unidos a expresar su preocupación por ese mismo tema, ante lo cual nada se ha hecho aun a pesar de la cantidad de pruebas de múltiples asesinatos que comprometen a Uribe al mejor estilo de las GAL de España donde se encontraba involucrado Felipe Gonzales.
Durante 2005, se desató en Colombia una serie de investigaciones que comprometían a varios aliados políticos y a algunos funcionarios del gobierno de Uribe y ha él mismo con grupos paramilitares ilegales colombianos como las autodefensas unidas de Colombia – AUC, en lo que se denominó la “Parapolítica”. A este proceso se le conoce como el escándalo de la parapolítica. Según las investigaciones varios dirigentes políticos se habrían beneficiado de estas alianzas por medio de la intimidación, asesinatos y la acción armada de los grupos paramilitares contra la población civil, algunos habrían presuntamente alcanzado inclusive cargos en alcaldías, consejos, asambleas municipales y gobernaciones así como en el Congreso de la República y otros órganos estatales superiores. A su vez algunos de los políticos y funcionarios desde sus cargos habrían desviado dineros para la financiación y conformación de grupos armados ilegales denominados paramilitares y habrían filtrado información para facilitar y beneficiar las acciones de estos grupos dentro de las que se incluyen masacres, asesinatos selectivos, construcción de fosas comunes como la denominada Gran Fosa Uribe con más de 10.000 desaparecidos, desplazamientos forzados y otras acciones criminales también graves y considerables que tenían por objetivo extender el poder parapolítico de Uribe en el territorio nacional colombiano.
El 17 de noviembre de 2006, en su discurso con motivo de la Conmemoración de los 120 años de la Corte Suprema de Justicia, Uribe llamó falsamente y con hipocresía a los congresistas y funcionarios públicos a declarar si tenían nexos con los paramilitares, declarando que la responsabilidad penal es individual y no puede afectar a las instituciones y reiteró la invitación sarcástica a los paramilitares para que digan si tuvieron nexos con él.
Entre los funcionarios investigados se encuentran Jorge Aurelio Noguera Cotes ex director del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y excónsul en Milán; Luis Camilo Osorio, ex Fiscal General nombrado embajador en México y Salvador Arana, ex gobernador del departamento de Sucre y ex embajador encargado en Chile. El congresista Mario Uribe Escobar, primo del presidente y uno de sus principales aliados políticos, también fue vinculado a una investigación por sus vínculos con el paramilitarismo. A grupos de políticos y empresarios relacionados a un entorno paramilitar.
Jorge Noguera, también amigo muy cercano a Uribe, trabajo activamente en su campaña política, luego ocupo el cargo de Director del DAS, y salió por ser acusado de favorecer a grupos de autodefensa paramilitares y a peces gordos del narcotráfico a quienes se brindaba protección en combinación con la DEA, así lo denuncio el ex jefe de informática del DAS Rafael García.
Otro escándalo es el relacionado a José Obdulio Gaviria, miembro del equipo de trabajo del entorno cercano de Uribe, consejero y hombre de confianza, pero que resultaba ser, primo hermano de Pablo Escobar Gaviria.
Cargos por Caso falsos Positivos
En 2008 estalló uno de los mayores escándalos del gobierno de la administración Uribe Vélez que lo podrían llevar directamente a cumplir cadena perpetua en base a una dictamen de la CPI, el caso de los denominados Falsos Positivos, o ejecuciones extrajudiciales realizadas por órdenes directas de Uribe y su gobierno, ejecuciones que suman a más de 10.000 muertes. En este caso, se descubrió que miembros del Ejército Nacional asesinaron civiles inocentes, para hacerlos pasar luego como guerrilleros dados de baja y mostrar así resultados en la lucha contra los grupos insurgentes. Los detenidos era maniatados, fusilados, descuartizados salvajemente y luego enterrados en fosas comunes. Dicha violación de los Derechos Humanos por parte de las FFMM, implicó la renuncia del comandante del ejército en ese momento, el general Mario Montoya y la destitución de varios oficiales y suboficiales bajo las órdenes de Uribe. Alarmantes cifras muestran más de 10.000 víctimas de tales crímenes, catalogados como de lesa humanidad y han encendido las alarmas en organismos internacionales y de derechos humanos. La CPI ha manifestado, de manera reciente, que hay suficiente base para afirmar que se trató de una política de estado (terrorismo de estado) del gobierno narco paramilitar de Uribe, quien es investigado por dicho tribunal, junto con miembros de la fuerza pública y sobre el que pesan actualmente acusaciones de crímenes de lesa humanidad.
El gobierno de Uribe y su ministro de defensa Juan Manuel Santos aún están bajo investigación sin prosperar nada claro debido a las fuertes presiones del poder paramilitar y el narcotráfico sobre la justicia colombiana. Y se multiplican las denuncias en contra de Uribe por las acciones criminales realizadas contra los grupos sociales más pobres y por el número de muertos. La situación conllevó a algunos militares inescrupulosos asesinaran a jóvenes inocentes y fueran mostrados luego como terroristas para inflar sus resultados operacionales de la estrategia Uribe Vélez.
En septiembre 2015, bajo una orden internacional de la CIDH, la Fiscalía colombiana continúa avanzando en las investigaciones por las ejecuciones extrajudiciales, también denominadas ‘falsos positivos’, durante el régimen de Uribe. De hecho, avanza a pasos agigantados, al punto de que este miércoles sorprendió a 22 uniformados del Ejército a quienes capturó por estos hechos criminales, los llamados falsos positivos.
Con las órdenes de captura en mano, los fiscales detuvieron a 22 uniformados en Antioquia y Cesar, dentro de las investigaciones que indican que 18 campesinos fueron presentados como guerrilleros caídos en combate.
De los detenidos, ocho irán a juicio y 12 están llamados a indagatoria, dentro de las investigaciones por los hechos en los que fueron presentados 18 campesinos, en Antioquia y Cesar, como presuntos muertos en combate.
La directora de Articulación de Fiscalías Especializadas, Katerina Hyeck, reveló que los casos vienen desde el 2004 y entre los llamados a juicio hay dos oficiales de alto rango: el teniente coronel Jair Arias Sánchez, comandante de la Quinta Zona de Reclutamiento en Bucaramanga, y el teniente coronel (r) William Roberto del Valle, ya detenido y quien tiene una condena en su contra por ‘falsos positivos’.
“La investigación se desprende por ejecuciones extrajudiciales que se registraron en el 2004 en Antioquia, por el asesinato de dos personas, un obrero y un hombre con problemas psiquiátricos”, señaló la fiscal.
De acuerdo con la investigación, el 29 de septiembre del 2004, tropas del Batallón de Contraguerrillas No. 4, adscrito a la Cuarta Brigada del Ejército, fueron sorprendidas por guerrilleros de las FARC, en la vereda San Gregorio en Nariño (Antioquia), con un resultado que arrojó dos guerrilleros abatidos, así como la incautación de material de guerra e intendencia.
Las personas que los uniformados reportaron como muertos en combate habían sido declaradas desaparecidas por parte de sus familiares en el municipio de La Ceja (Antioquia). Fueron identificadas como Julio César Molina Ríos y Diego León Montoya López.
En este caso, la Fiscalía a cargo del proceso, además de llamarlos a juicio, envió copias a fin de que sean investigados por fraude procesal y falso testimonio. También están vinculados seis militares más: un capitán, un sargento segundo, un mayor y tres soldados profesionales -uno de ellos retirado.
Pero el anuncio de la Fiscalía no se quedó en este caso, fue más allá y ordenaron 14 capturas con fines de indagatoria en contra de miembros de la fuerza pública y dos civiles.
La medida se tomó en medio del caso del homicidio de 16 personas que hicieron pasar como guerrilleros muertos en combate, en hechos registrados en el Batallón Especial Energético y Vial José María Cancino, con sede en La Jagua de Ibirico (Cesar).
Dicho proceso se inició tras la denuncia de varios miembros de la fuerza pública en la que revelaron como se organizaron dentro del batallón para contactar a los particulares que se encargarían del reclutamiento de las víctimas.
Luego se organizó el pago de las recompensas y la presentación de esas muertes en supuestos combates durante el desarrollo de aparentes operaciones militares emitidas por la comandancia de esa unidad militar.
Lo que sí está claro es el involucramiento y vinculación de los más altos niveles del gobierno de Uribe Vélez en los crímenes incluyendo a quien fuera su ministro de defensa Juan Manuel Santos quienes no pueden negar que coordinaban y ordenaban las operaciones de asesinatos.
CARGOS POR INVOLUCRAMIENTO EN NARCOPOLÍTICA
Yidispolítica es el nombre del escándalo con el que se conocen las declaraciones de la exRepresentante a la Cámara Yidis Medina, quien afirmó haber recibido ofrecimientos de dádivas de parte de Uribe a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitiese a Álvaro Uribe Vélez aspirar a un segundo mandato presidencial. Uribe Vélez en ese entonces pidió repetir las elecciones del 2006. Los funcionarios involucrados en la controversia fueron Diego Palacio Betancourt y Sabas Pretelt. Diego Palacio entrego beneficios entregados a la exrepresentante a la Cámara a cambio de su voto.
En 2002, la campaña presidencial de Uribe recibió en cheques y depósitos, más de 100 millones de pesos de parte de la empresa Uniapuestas, identificada como un palo blanco del lavado de dinero de varias mafias del narcotráfico, en la cual la señora Enilse López (alias “La Gata”) era la accionista mayoritaria. Posteriormente, López fue capturada y sindicada de varios cargos criminales por lavado de activos y desviación de fondos, relacionados con otros procesos judiciales. En el pasado también se la había criticado y considerado de estar relacionada con el narcotráfico, específicamente con Gonzalo Rodríguez Gacha miembro del Cartel de Medellín, motivo por el que se empezó a sospechar de la honestidad con la que Uribe recibió los dineros junto a varios aportes del paramilitarismo. Diversos críticos, entre ellos los precandidatos del Partido Liberal y del Polo Democrático Alternativo, cuestionaron tanto la moralidad del recibimiento de esos dineros como el que potencialmente se haya incurrido en alguna conducta criminal al aceptarlos.
En septiembre de 1994 con base en el artículo 42 del Decreto ley 356 de 1994, el Gobierno de Ernesto Samper Pizano ejecutó la creación de las Asociaciones Comunitarias paralelas de Vigilancia Rural (Convivir), promovidas por su antecesor Cesar Gaviria con la finalidad de crear un nuevo instrumento supuestamente de seguridad. Ante ésto Uribe Vélez fue uno de los mayores defensores de esta figura jurídica argumentando que las Convivir trabajaban fundamentalmente en temas de inteligencia, dejando la parte operativa a la fuerza pública aunque estas organizaciones portaban armas de grueso calibre asesinando campesinos y enterrándolos en fosas comunes.
En 2007, el senador Gustavo Petro denunció en un debate parlamentario que entre 1995 y 1997 Salvatore Mancuso, Javier Piedrahita, José María Barrera, Mario Prada Cobos, Rodrigo Mercado Pelufo alias Cadena, Salomón Feris, Jorge Luis Alfonso López alias Monoleche y varios familiares de Enilse López, entre otros, participaron en las cooperativas de seguridad CONVIVIR favorecidos durante la gobernación de Uribe en Antioquia y dijo que operaron alrededor de ochenta de ellas en el departamento. Lo que queda claro es que la gobernación de Antioquia era quien daba la personería jurídica a estas organizaciones narco militares junto a una licencia que la otorgaba el Gobierno colombiano.
CONCLUSIONES
El Departamento de Estado norteamericano, a pesar de su apoyo incondicional al Presidente colombiano Álvaro Uribe al que pretende exculpar de su responsabilidad, señala en la sección 1, apartado a) de su informe anual fechado el 11 de marzo de 2008 las evidentes conexiones entre los paramilitares y la fuerza pública, así como el mantenimiento de elevados grados de impunidad.
Los Estados Unidos han hecho los de la vista ciega, ante la cantidad de pruebas e información que compromete a Uribe en graves hechos delictivos. El silencio de la administración norteamericana y el apoyo incondicional del Presidente Bush y Obama a Uribe, deja entrever una obscura alianza entre ambas administraciones que muy claramente favorecen los intereses económicos estratégicos de EUA. Lo más curioso es que son medios americanos los que han investigado y denunciado todos estos hechos delictivos de Uribe.
El 8 de agosto del 2012, es presentado un abultado expediente de acusaciones por organismos libres de Derechos Humanos caratulado EXPEDIENTE SINDICADO ALVARO URIBE VELEZ, ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, los mismos aún esperan la resolución de la corte.
Uribe está siendo investigado por la fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, por crímenes contra los Derechos Humanos y masacres sucedidas durante su mandato, que no han sido tratados a fondo por la justicia colombiana. Los obrados han sido presentados.
Uno de los informes en curso en la Corte se refiere a los llamados “falsos positivos”, el asesinato de campesinos indefensos presentados como guerrilleros de las FARC muertos en combate. Según Uribe y su entorno se trató de “casos aislados”, aunque para el tribunal internacional – la CPI, al que han llegado los más de 3.000 casos de los más de 10.000 asesinatos reconocidos por la propia fiscalía colombiana: “hay bases razonables para creer que se trató de una política de Estado de limpieza; estos asesinatos, cometidos para aumentar los índices de éxito militar, podrían considerarse crímenes de lesa humanidad.”.
Denuncias adicionales contra Uribe ante la fiscal de la Corte Penal Internacional han sido presentados personalmente por el Presidente de la Comisión de Paz del Congreso de Colombia y diputado por el Polo Democrático (izquierda), Yván Cepeda, y se refiere, según declara a Público: ” a hechos protagonizados por servicios secretos que dependían directamente del expresidente Uribe y que constituyeron delitos de persecución contra políticos, magistrados, campesinos y periodistas contra los que ordenó intervenciones telefónicas ilegales, seguimientos y campañas que, según el artículo 7 del Estatuto de Roma constituyen persecución por motivos políticos”. Algunas de estas persecuciones, como las que tienen en la cárcel al antiguo jefe de los servicios secretos de Uribe, Jorge Noguera, terminaron con el asesinato de los opositores a manos de sicarios narco paramilitares que actuaban con la información suministrada por éste.
Contra todas estas sindicaciones, a las que se suma la indagación de la fiscalía por su protagonismo en la formación del ejércitos narco paramilitares en sus fincas ganaderas, Uribe ha intentando blindarse con el apoyo de la cúpula militar y con su fuerza política, el “Puro Centro Democrático” por la que es Senador y pretender esconderse bajo la inmunidad de su cargo o incluso intentar alguna maniobra para poder optar de nuevo a la Presidencia, aunque las actuales normas constitucionales se lo impiden.
Una Comisión de Eurodiputados de la UE realizara un levantamiento de datos de los crímenes realizados durante la administración Uribe Vélez que podrían llevar al político colombiano directamente a la CPI. La delegación parlamentaria esta integrada por Jordi Pedret (PSOE), Inés Sabanés (IU), Francesc Canet (ERC), Joan-Josep Nuet (IC-EU), Carles Campuzano (CiU), Mikel Basabe (Aralar) y Marian Suárez (Eivissa pel Canví), estudiaran los casos y realizaran un informe legal para el Congreso y la Eurocámara por los graves crímenes. También acompañan la investigación una delegación de parlamentarios ingleses.
Otra delegación de Europa y Estados Unidos, encabezada por seis eurodiputados, certificó tras una audiencia pública en la localidad de Macarena, la existencia de una fosa común con dos mil cadáveres no identificados. La eurodiputada de la Comisión de Derechos Humanos Ana Gómez manifestó “que el Ejército asesine a su pueblo por orden de su gobierno es una aberración, no lo puedo entender, el Ejército está para cuidar a su pueblo es un crimen de lesa humanidad”. Las investigaciones tabulan hasta un total de 35.000 personas asesinadas.
Ver el dossier completo de la denuncia Aquí
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