Argentina: El Gobierno de Mauricio Macri quita pensiones a 70.000 discapacitados

Argentina: El Gobierno de Mauricio Macri quita pensiones a 70.000 discapacitadosEl recorte se acentuó en los últimos tres meses.

El Clarín |.- El ministerio de Desarrollo Social eliminó en lo que va del año unas 70.000 pensiones por discapacidad. Según pudo saber Clarín, el recorte se acentuó en los últimos tres meses. En lo que va de junio solamente la cartera que comanda Carolina Stanley quitó el beneficio de 4.776 pesos a unas 16.457 personas con capacidades diferentes. Este diario también confirmó que hay una demora de un año para acceder a un nuevo certificado de discapacidad. Hay 180 mil expedientes abiertos esperando la aprobación.

Para concretar el recorte, el ministerio de Desarrollo Social echó mano del decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997, para sacar las pensiones graciables a las personas con ‘invalidez’, aunque legisladores y abogados advierten que es errada la lectura puesto que afirman que con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad que desde 2014 en Argentina tiene jerarquía constitucional, y reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo.

“El problema es que violaron la ley de procedimiento administrativo, que advierte que para suspender un beneficio el Estado debe citar o acudir en busca de la persona para que demuestre qué medios de vida tiene, y una vez concretado el análisis, si correspondiera, suspender la pensión”, dijo a Clarín el abogado especialista en jubilaciones y pensiones, Christian D´alessandro. “Aquí no hubo previo aviso, la gente se entero cuando fue a cobrar y vio que no le depositaron y tampoco chequearon antes la condición socio ambiental de las personas a las que le quitaron al pensión”, agrega el letrado, quien advierte que esta imprudencia da lugar a recursos de amparo.

El presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino, reconoció que no hubo previo aviso: “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”, se excusó. El funcionario admite que maneja más de un punto porcentual del producto bruto en presupuesto con todas las pensiones asistenciales, una caja para nada despreciable en épocas de vacas flacas y en momentos en los que el Gobierno lucha para alcanzar la meta del 4,2% de deficit fiscal. Dice el funcionario que este año entregó 34 mil pensiones nuevas, pero se niega a dar el número de las suspensiones, y destaca que en 2015 y 2016 también hubo bajas. También reconoce “que hay hay demora de un año para adquirir un nuevo certificado de discapacidad” y atribuye esa demora a “la burocracia estatal”.

“Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, reconoce el funcionario y da un ejemplo: “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.

El caso de Graciela

Álvaro Herrera es el hijo de Graciela Bonino, quien tiene 70 años y en 2012 recibió un certificado de discapacidad, por una enfermedad psiquiátrica que le genera trastornos de la personalidad y por la cual no puede valerse por sí misma.

"El martes pasado cuando fui a cobrar la pensión de mi madre, como todos los meses, me di cuenta de que no habían depositado su pensión. Me contacté con la ANSeS y me dijeron que fuéramos al Ministerio de Desarrollo Social. Allí nos informaron que mi mama no tendría más su pensión por discapacidad porque sus Ingresos eran superiores a dos pensiones mínimas, algo que no es verdad", arranca Álvaro.

Y sigue: "Mi mamá, desde 1998, está separada de su marido, mi padre, y pero el Ministerio no se percato de eso y computó a mi mamá como casada porque su ex pareja, mi papá, cobra hoy $ 12.000 de jubilación. Nos pidieron que llenáramos un formulario y lo presentáramos junto con dos testigos. Le tomaron declaración a mi mamá y aun estamos esperando una respuesta. El problema es que mientras tanto, al quitarle la pensión le quitaron también la cobertura médica".

Álvaro detalla más números: "Mi mamá gasta $ 2.500 por mes sólo en medicamentos y los $ 4.445 que recibía como pensión lo destino a un hogar especializado en problemas psiquiátricos, donde vive actualmente, porque por su enfermedad requiere un cuidado constante y yo trabajo y no la puedo dejar sola, pero por su enfermedad tampoco cualquier persona puede cuidarla. La decisión de internarla llegó cuando en un descuido le abrió la puerta de casa a un desconocido, la robaron y violaron. Soy docente de la Provincia, no soy propietario y mis ingresos no me alcanzan para poder pagarle el hogar especializado".

El caso de Héctor

Héctor Cichero tiene 34 años y recibió hace 7 años su certificado de discapacidad y le dieron su pensión. Tiene una enfermedad que le genera una suerte de tumores en el cuerpo, desde niño, es el mal de klippel trenoneau. Hace unos años que perdió la movilidad de sus piernas, no camina. Su hermana Cinthia se contactó con Clarín.

"Mi hermano vive con mis papás en Lanús, ninguno es propietario, alquilan. Mi papá tiene 72 años con una jubilación mínima y trabaja todos los días de remisero sólo para apoyar económicamente a mi hermano, y mi mamá también cobra la mínima y tiene 70 años. Por mes, mi hermano requiere $ 3.500 mensuales de medicación. Recibió hasta el mes pasado una pensión de $ 4.900", cuenta Cinthia.

"Le armamos con mi familia un lugar para que pueda reparar PC a conocidos, lo hace a modo de changas -agrega la hermana de Héctor-. Pero para poder buscar y llevar PC le compramos un auto y lo adaptamos, para que pueda manejar con las manos solamente. Fuimos a cobrar y nos encontramos con que ya no tenía más su pensión y por ende ya no tenía cobertura médica. En Desarrollo Social nos dijeron que le quitaron la pensión por tener un auto a su nombre. Mi hermano sin ese auto no se puede transportar, su problemática le impide manejarse en el transporte público. Ese auto y su pensión le daban dignidad, le están quitando la posibilidad de ser independiente y valerse por si mismo".

El caso de Araceli

Araceli Niveyro sufre de fibromialgia, una enfermedad que le genera dolores corporales constantes, tiene osteoporosis de columna por lo cual no puede golpearse ni caerse y por eso no puede viajar en transporte público, También tiene un impedimento motriz. Vive en Saavedra, tiene 54 años y desde hace 4 años tiene el Certificado de Discapacidad. En Desarrollo Social le negaron su pensión.

"Hace más de un año fui a gestionar la Pensión No Contributiva por mi discapacidad motora, en la ANSeS y en Desarrollo Social. Me preguntaron si tenía bienes a mi nombre. mencione un auto Hyundai i10 modelo 2013, que me quedó luego de la división de bienes con mi ex marido, que está exento de pago de patente y el seguro, por mi discapacidad. Yo vivo en la cama, no puedo trabajar, ningún tratamiento médico aun me permitió recuperar mi movilidad. Hasta el cuero cabelludo me duele por las noches por la enfermedad", cuenta Araceli.

Y, como el caso anterior, justifica la propiedad del vehículo. "El auto no es un lujo, lo necesito para trasladarme a todos mis médicos y terapias que necesito para poder vivir. Hace dos años que estoy divorciada y hoy sólo vivo de los alimentos que mi ex le pasa a mi hija que vive conmigo, pero no nos alcanza. El día que mi hija se reciba, no tendremos más la ayuda económica de mi ex y yo quiero tener mis propios ingresos, no depender de nadie, pero en estas condiciones no puedo trabajar".

Según Araceli, "los médicos me han indicado ejercitación específica a modo de terapia corporal para no seguir perdiendo movilidad, y eso requiere no menos de $ 2.000 por mes, que hoy no tengo y mientras tanto mi enfermedad avanza. Lo único que tengo material es mi auto, no lo quiero vender porque entonces me quedaría sin nada y no podría trasladarme más. Me están negando una pensión hace un año, y la cobertura médica que es indispensable, pido por favor a la ministra que me ayude".

| El Clarín

Fuente: El Clarín