Grupos económicos colombianos ofrecieron más de 500 mil de dólares para asesinar a Piedad Córdoba
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Grupos económicos colombianos ofrecieron más de 500 mil de dólares para asesinar a Piedad Córdoba
Grupos económicos colombianos ofrecieron más de 500 mil de dólares para asesinar a Piedad Córdoba
La organización Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP) denunció que existe un fondo de más de mil millones de pesos (unos 559 mil dólares), para pagar a los ex militares que procedan a asesinar a la activista Piedad Córdoba.
A través de un comunicado difundido este jueves, CCP explicó que “sectores de mucho poder" son los interesados en asesinar a la líder de esa organización, confirmando las declaraciones de la ex senadora Córdoba quien este miércoles señaló que "las órdenes las dan personas de alto nivel de este país".
"Con estos (mil millones de pesos) se pagarán algunos ex militares que han participado en este tipo de operaciones contra dirigentes políticos que fueron asesinados y se adquirió un sistema de tecnología de punta para lograr exactitud y precisión en su objetivo", expresa el comunicado.
La organización precisó que los argumentos de esta denuncia fueron entregados a los organismos competentes "a fin de lograr que este plan sea frustrado, la información sea cotejada y se identifique y sancione a los responsables de este plan contra el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a trabajar por la paz y los Derechos Humanos".
En el comunicado, también hacen referencia a los "atentados, desapariciones forzadas, seguimientos, señalamientos y de amenazas de muerte en estos últimos 15 días" en contra organizaciones y movimientos sociales del país.
Ante esto, instaron al presidente Juan Manuel Santos a asumir “con voluntad férrea el enfrentamiento de estructuras armadas que operan bajo la clandestinidad con la omisión y tolerancia de instancias formadas en la doctrina del 'enemigo interno'”.
"Llamamos al Gobierno nacional a que su voluntad de aplicar una ley de víctimas se acompañe coherentemente con decisiones políticas que permitan la protección de los Derechos Humanos, el desmonte real del paramilitarismo, neoparamilitarismo o las llamadas Bacrim (Bandas Criminales Emergentes)", reclamó la organización.
A las acusaciones de CCP se suma la denuncia del congresista por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien informó el martes 8 de mayo que entre 10 y 15 personas fueron enviadas desde Antioquía a Bogotá con el objetivo de amedrentar a los participantes del debate Paramilitarismo durante la gobernación de Álvaro Uribe, organizado desde el Congreso el 11 de abril pasado.
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Fuente: AVN
11 Mayo 2012 |
La organización Colombianas y Colombianos por la Paz (CCP) denunció que existe un fondo de más de mil millones de pesos (unos 559 mil dólares), para pagar a los ex militares que procedan a asesinar a la activista Piedad Córdoba.
A través de un comunicado difundido este jueves, CCP explicó que “sectores de mucho poder" son los interesados en asesinar a la líder de esa organización, confirmando las declaraciones de la ex senadora Córdoba quien este miércoles señaló que "las órdenes las dan personas de alto nivel de este país".
"Con estos (mil millones de pesos) se pagarán algunos ex militares que han participado en este tipo de operaciones contra dirigentes políticos que fueron asesinados y se adquirió un sistema de tecnología de punta para lograr exactitud y precisión en su objetivo", expresa el comunicado.
La organización precisó que los argumentos de esta denuncia fueron entregados a los organismos competentes "a fin de lograr que este plan sea frustrado, la información sea cotejada y se identifique y sancione a los responsables de este plan contra el derecho a la vida, la integridad personal, el derecho a trabajar por la paz y los Derechos Humanos".
En el comunicado, también hacen referencia a los "atentados, desapariciones forzadas, seguimientos, señalamientos y de amenazas de muerte en estos últimos 15 días" en contra organizaciones y movimientos sociales del país.
Ante esto, instaron al presidente Juan Manuel Santos a asumir “con voluntad férrea el enfrentamiento de estructuras armadas que operan bajo la clandestinidad con la omisión y tolerancia de instancias formadas en la doctrina del 'enemigo interno'”.
"Llamamos al Gobierno nacional a que su voluntad de aplicar una ley de víctimas se acompañe coherentemente con decisiones políticas que permitan la protección de los Derechos Humanos, el desmonte real del paramilitarismo, neoparamilitarismo o las llamadas Bacrim (Bandas Criminales Emergentes)", reclamó la organización.
A las acusaciones de CCP se suma la denuncia del congresista por el Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, quien informó el martes 8 de mayo que entre 10 y 15 personas fueron enviadas desde Antioquía a Bogotá con el objetivo de amedrentar a los participantes del debate Paramilitarismo durante la gobernación de Álvaro Uribe, organizado desde el Congreso el 11 de abril pasado.
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Fuente: AVN
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