Relatora de la ONU califica de ilegal detención del diplomático y empresario Alex Saab en Cabo Verde

Relatora de la ONU califica de ilegal detención del diplomático y empresario Alex Saab en Cabo Verde

08.03.2021
                                    
Prensa |.- La propia Organización de las Naciones Unidas está condenando ahora la actuación de Estados Unidos -y de pasada la alineación ciega de Cabo Verde- en su brazo de hierro con Venezuela, es decir, la inequidad de las sanciones impuestas a ese país latinoamericano y al poder judicial. Persecución, sobre la base de una extraterritorialidad absolutamente ilegal, que son víctimas de agentes comerciales y diplomáticos encargados de eludir y minimizar, a través de asociaciones comerciales con países amigos, los brutales efectos del embargo estadounidense sobre la economía, la sociedad y la vida cotidiana de los ciudadanos venezolanos.

Entre estos agentes se encuentra Alex Saab, cuyo nombre no se menciona, pero que es ampliamente referenciado, por su perfil y las circunstancias específicas de su situación, en las fuertes críticas a las acciones de Estados Unidos, contenidas en un informe elaborado a raíz de una misión. Realizado en la primera quincena de febrero a Venezuela y que será presentado a finales de este año al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, por la Relatora Especial de la organización, Alena Douhan.

Durante esta visita, este alto funcionario de Estados Unidos se contactó con numerosos miembros del Gobierno, además del Presidente y Vicepresidente de la República de Venezuela, sindicatos, empresas empresariales y de la sociedad civil, organizaciones no gubernamentales, derechos humanos. Organizaciones y organismos y la propia población, habiendo estado también sobre el terreno para verificar la realidad cotidiana de las personas.

Según el informe, las sanciones unilaterales de Estados Unidos, que luego fueron respaldadas por sus principales socios, a saber, la Unión Europea y Canadá, tienen un fuerte impacto negativo en todos los ámbitos de la vida del país, afectando gravemente, no solo al universo público-administrativo así como la economía y el sector empresarial, público y privado, de Venezuela.

Para justificar este bloqueo, casi universal en términos de alcance, Estados Unidos acusa al Ejecutivo de Caracas, sus dirigentes, la clase empresarial y entidades públicas y privadas cercanas al régimen, de todo tipo de delitos, a saber, narcotráfico, blanqueo de capitales, corrupción generalizada, violación de derechos humanos, terrorismo, organización de elecciones fraudulentas y persecución de opositores políticos, entre otros.

La administración estadounidense no reconoce al actual Presidente de la República ni al Gobierno respectivo, prefiriendo considerar la existencia de otro jefe de Estado, el líder de la oposición, que nunca ganó las elecciones y por lo tanto no fue elegido. Las sanciones de Estados Unidos aparecen así como una forma de derribar, a través de la presión económica y la crisis social, al Gobierno de Venezuela, y de promover la toma del poder por parte de quienes están de su lado.

Mediante estas sanciones, la banca internacional rechaza la apertura y mantenimiento de cuentas, en el exterior, del sector empresarial público y privado nacional, por lo que se le impide importar y exportar bienes y servicios, con graves consecuencias para el abastecimiento del mercado venezolano y para el consumo de la población. Al mismo tiempo, el embargo colapsó la industria, que no puede importar materias primas para producir y exportar, ni atender a los consumidores domésticos.

La electricidad, en el país -que tiene una de las mayores reservas de petróleo del mundo y cuya economía está orientada a la explotación de esta riqueza- funciona solo al 20 por ciento de su capacidad, los servicios públicos han despedido más del 50 por ciento de su capacidad. Su fuerza de trabajo, las importaciones de alimentos no son viables, lo que tiene un impacto en el aumento exponencial de la desnutrición, la desintegración de las familias es una realidad, la mayoría de las escuelas están cerradas, el fracaso escolar y la deserción son rampantes y la delincuencia va en aumento.

En salud, Venezuela es totalmente dependiente de la importación de medicamentos, que mientras tanto, las sanciones no lo permiten, los hospitales han perdido el 70 por ciento de su personal médico, solo el 20 por ciento de los equipos funciona, la mortalidad materna y neonatal ha alcanzado niveles insoportables, hay no hay vacunas y el país ni siquiera puede hacer frente a la pandemia de Covid-19.

El informe de Alena Douhan afirma que las bases de las sanciones contra Venezuela, reeditadas sucesivamente desde 2015 por Estados Unidos, no cumplen con los criterios del artículo 4 de la Convención Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la que se basan, agregando perpetuamente que violan la soberanía. Derechos del país y evitar que el Gobierno ejerza efectivamente sus obligaciones de garantizar las necesidades de la población.

Y es precisamente para asegurar que se satisfagan estas necesidades que el Gobierno venezolano ha utilizado programas de abastecimiento operados por servidores como Alex Saab, subraya la Relatora Especial de la ONU, agregando que las sanciones y el hostigamiento judicial, basado en la extraterritorialidad ilegal practicada por los Estados, «violan la presunción de inocencia «de estos individuos, además de que los cargos en su contra» no constituyen, en su mayor parte, crímenes internacionales «por lo que» no están sujetos a la jurisdicción penal universal«.

La Relatora Especial destaca que aplicar la jurisdicción extraterritorial estadounidense a empresas y empresas venezolanas y obligar a terceros Estados a cumplir con sus dictados «no está justificado en el derecho internacional y aumenta los riesgos de causar efectos adversos», además de «violar los derechos de los agentes de que el Gobierno de Venezuela lo represente sobre la base del principio de igualdad soberana de los Estados”

Es sobre la base de estos argumentos que Alena Douhan determina, en su informe, “la inadmisibilidad” de la aplicación, por parte de Estados Unidos, de sanciones y otras medidas extraterritoriales, y solicita a ese país que revise tales medidas, es decir, y en primer lugar, el embargo a la comercialización internacional del petróleo venezolano, que actualmente es la única fuente de ingresos del país.

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