Piden en Chile la libertad para 2500 presos políticos que fueron encarcelados en 2019 por protestar contra Piñera

Piden en Chile la libertad para 2500 presos políticos que fueron encarcelados en 2019 por protestar contra Piñera

03.06.2021
                                    
Redpres |.- Se les llama "los prisioneros de la revuelta". Hay alrededor de 2.500 personas detenidas en Chile, incluidos menores, en espera de juicio. Están acusados ​​de vandalismo, incendio premeditado y atentados a propiedad privada durante las históricas protestas sociales de 2019.

Desde la oposición aseguran que en realidad son presos políticos y que deben beneficiarse de un indulto generalizado. Pero el presidente Sebastián Piñera ya advirtió que no están detenidos por sus ideas, sino por cometer supuestamente delitos, por lo que vetará cualquier iniciativa que ampare su liberación.

El debate ha estado en curso desde finales de 2019, pero se reavivó la semana pasada cuando el Comité de Seguridad Pública del Senado aprobó un proyecto de ley que les concedía el indulto. Luego fue entregado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Regulación para su análisis, para que continúe la discusión parlamentaria y mantenga el tema en la agenda pública, reseña la agencia internacional de noticias 'RT'.

En medio de crecientes quejas, Piñera tuvo que referirse a estos detenidos el martes, durante el informe anual del gobierno conocido como Cuenta Pública.

"En Chile no hay presos políticos, porque en Chile no hay persona privada de libertad por sus ideas. Hay personas privadas de libertad por decisión de tribunales independientes, por delitos graves como intento de asesinato, lanzamiento de cócteles Molotov con fuego con resultado de muerte y otros", advirtió.

Por eso, insistió, "En Chile no hay presos políticos, porque en Chile no hay ninguna persona que esté privada de libertad por sus ideas. Hay personas privadas de la libertad por decisión de tribunales independientes, por delitos graves como homicidio frustrado, lanzamiento de bombas molotov, incendio con resultado de muerte y otros".

La insistencia del gobierno en mantener detenidos a miles de manifestantes contrasta con su feroz defensa de los fusileros y miembros del ejército, quienes durante las protestas de 2019 (y, en general, en todas las movilizaciones sociales) reprimieron violentamente a la multitud y, según varios informes internacionales, han cometido violaciones de derechos humanos.

De hecho, el propio Piñera ya ha sido denunciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya para ser investigado por crímenes de lesa humanidad.

La revuelta, que duró meses y comenzó por el aumento del precio del boleto del metro y se convirtió en una rebelión contra el modelo económico, político y social chileno, ha dejado al menos 32 muertos; miles de heridos, en particular las más de 400 personas que han sido mutiladas en los ojos por el uso indiscriminado de disparos; denuncias de abusos sexuales sufridos por detenidos, torturas y detenciones arbitrarias, entre otros delitos.

En enero de 2020 se crearon la Organización de Familiares y Amigxs de Prisionerxs Políticxs (OFAPP) y la Coordinadora por la Libertad de los Presxs Políticxs 18 de Octubre, agrupaciones de la sociedad civil que recogieron las irregularidades en torno a las detenciones y los procesos judiciales. A fines del año pasado, los senadores de la oposición presentaron formalmente el proyecto de ley de indulto.

La semana pasada, luego de despejar el primer escollo en la Comisión de Seguridad, el senador Alejandro Navarro explicó la importancia de la liberación de los "prisioneros de la revuelta" aun cuando Chile está a punto de comenzar a redactar una nueva Constitución que es uno de los principales logros de estos protestas.

"Hay que hacer un esfuerzo y mi llamado es a una derecha que comprenda que, si no cerramos esa herida, esta puede profundizarse en la discusión de la nueva Constitución, y todos queremos una Constitución que una a los chilenos y no que los divida. Si queremos escribir una nueva Constitución que reconcilie a los chilenos, no puede ser con presos de la revuelta encarcelados con montajes. Están pagando de manera injusta una situación que apoyó todo Chile", dijo.

El estallido de 2019 marcó el inicio de una profunda transformación política en Chile que culminó con un plebiscito en octubre del año pasado, en el que una abrumadora mayoría aprobó la redacción de una nueva constitución que reemplace a la actual que rige el país heredada de la dictadura de Augusto Pinochet.

A esto le siguió la elección de los 155 Convencionalistas que redactarán la Carta Magna, quienes fueron electos el 15 y 16 de mayo, la mayoría de los cuales representan a los progresistas y fueron activistas en las protestas contra Piñera.

Por lo tanto, no es de extrañar que 22 funcionarios electos emitieron esta semana una carta exigiendo la liberación inmediata de los detenidos.

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