Tribunal de Justicia de la UE dictamina que Venezuela puede impugnar las sanciones en su contra
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Tribunal de Justicia de la UE dictamina que Venezuela puede impugnar las sanciones en su contra
Tribunal de Justicia de la UE dictamina que Venezuela puede impugnar las sanciones en su contra
Redpres |.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) anunció este martes que Venezuela tiene "efectivamente" derecho a impugnar las medidas restrictivas en su contra adoptadas por el Consejo del bloque de la UE en 2017.
Con esta decisión, el TEU anula la sentencia del tribunal en la que se declaró inadmisible una denuncia del país sudamericano, que solicitó el levantamiento de las sanciones por considerar que "estaba afectado por sus disposiciones".
Según el tribunal, Venezuela es "un estado con personalidad jurídica internacional" y como tal debe considerarse "persona jurídica", como ya había adelantado el Abogado Consejero General del TEU, Gerard Hogan, el pasado mes de enero.
Asimismo, señala que el Tribunal General incurrió en error de derecho al asumir que las medidas restrictivas en cuestión no afectaron directamente la situación jurídica del país latinoamericano.
"Prohibir a los operadores de la Unión realizar determinadas operaciones equivalía a prohibir a Venezuela realizar tales operaciones con estos operadores", se lee en el comunicado de prensa, que subraya que las sanciones "fueron adoptadas contra Venezuela".
El TUE también considera que las sanciones contra el país bolivariano pueden "perjudicar" sus intereses, en particular "los económicos", y que "su anulación puede procurarle, por sí misma, un beneficio".
Asimismo, sostiene que es "irrelevante" el argumento de que las medidas restrictivas no son un "impedimento absoluto" para que esa nación adquiera bienes y servicios.
Esta decisión se produce luego de que, el 20 de septiembre de 2019, el Tribunal dictaminó que Venezuela no había demostrado que las sanciones la afectaran directamente, por lo que concluyó que "carecía de la necesaria legitimación para sostener su recurso de anulación" y declaró el recurso interpuesto por Caracas el 6 de febrero de 2018 como inadmisible. Tras esta decisión, el país sudamericano solicitó la impugnación del veredicto el 28 de noviembre de 2019.
Meses después de que Venezuela sufriera violentas protestas opositoras que dejaron más de 100 muertos y culminaron con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo de la UE aprobó medidas restrictivas contra el país el 13 de noviembre de 2017.
Estas medidas, que se prorrogaron hasta noviembre de este año, establecen una prohibición a la venta o suministro de equipo y tecnología militar "para la represión interna" en Venezuela. Asimismo, se restringió la prestación de servicios técnicos, de intermediación o financieros para tal fin.
Las restricciones también incluyen la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de activos en territorio europeo para 36 venezolanos que ocupan cargos oficiales y a quienes la UE considera supuestamente "responsables de violaciones de derechos humanos" y por "haber socavado la democracia y el estado de derecho".
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Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons y puede ser copiada libremente de manera parcial o completa, reconociendo los créditos de la manera especificada por el autor y haciendo mención de la fuente original, y solo para usos informativos, noticiosos, educativos o investigativos y no con fines comerciales. RedPres Noticias
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Redpres |.- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) anunció este martes que Venezuela tiene "efectivamente" derecho a impugnar las medidas restrictivas en su contra adoptadas por el Consejo del bloque de la UE en 2017.
Con esta decisión, el TEU anula la sentencia del tribunal en la que se declaró inadmisible una denuncia del país sudamericano, que solicitó el levantamiento de las sanciones por considerar que "estaba afectado por sus disposiciones".
Según el tribunal, Venezuela es "un estado con personalidad jurídica internacional" y como tal debe considerarse "persona jurídica", como ya había adelantado el Abogado Consejero General del TEU, Gerard Hogan, el pasado mes de enero.
Asimismo, señala que el Tribunal General incurrió en error de derecho al asumir que las medidas restrictivas en cuestión no afectaron directamente la situación jurídica del país latinoamericano.
"Prohibir a los operadores de la Unión realizar determinadas operaciones equivalía a prohibir a Venezuela realizar tales operaciones con estos operadores", se lee en el comunicado de prensa, que subraya que las sanciones "fueron adoptadas contra Venezuela".
El TUE también considera que las sanciones contra el país bolivariano pueden "perjudicar" sus intereses, en particular "los económicos", y que "su anulación puede procurarle, por sí misma, un beneficio".
Asimismo, sostiene que es "irrelevante" el argumento de que las medidas restrictivas no son un "impedimento absoluto" para que esa nación adquiera bienes y servicios.
Esta decisión se produce luego de que, el 20 de septiembre de 2019, el Tribunal dictaminó que Venezuela no había demostrado que las sanciones la afectaran directamente, por lo que concluyó que "carecía de la necesaria legitimación para sostener su recurso de anulación" y declaró el recurso interpuesto por Caracas el 6 de febrero de 2018 como inadmisible. Tras esta decisión, el país sudamericano solicitó la impugnación del veredicto el 28 de noviembre de 2019.
Meses después de que Venezuela sufriera violentas protestas opositoras que dejaron más de 100 muertos y culminaron con la elección de una Asamblea Nacional Constituyente, el Consejo de la UE aprobó medidas restrictivas contra el país el 13 de noviembre de 2017.
Estas medidas, que se prorrogaron hasta noviembre de este año, establecen una prohibición a la venta o suministro de equipo y tecnología militar "para la represión interna" en Venezuela. Asimismo, se restringió la prestación de servicios técnicos, de intermediación o financieros para tal fin.
Las restricciones también incluyen la prohibición de viajar a la UE y la inmovilización de activos en territorio europeo para 36 venezolanos que ocupan cargos oficiales y a quienes la UE considera supuestamente "responsables de violaciones de derechos humanos" y por "haber socavado la democracia y el estado de derecho".
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