Venezuela denunció a la Fiscalía de la CPI por "irregularidades y violaciones al debido proceso"

Venezuela denunció a la Fiscalía de la CPI por "irregularidades y violaciones al debido proceso"

28-02-2023
                                    
Redpres |.- El gobierno de Venezuela presentó este martes una carta ante la Corte Penal Internacional (CPI) denunciando a la fiscalía de la corte de incurrir en "varias irregularidades y violaciones al debido proceso" para acusar a la nación sudamericana de cometer supuestos crímenes de lesa humanidad "que nunca han ocurrido".

Freddy Ñáñez, ministro de Comunicación e Información de Venezuela, publicó el comunicado del gobierno en su cuenta Twitter, con el objetivo de desmentir "todas las falacias de la agresión mediática y geopolítica" contra la nación.

En ese sentido, Caracas criticó "la indefensión a la que ha sido sometido el Estado venezolano durante todo el trámite, así como los vínculos probados de la Fiscalía de la CPI con organizaciones no gubernamentales que han aportado información contra las autoridades nacionales en este asunto, lo que pone en duda la debida imparcialidad y objetividad de dicha corte".


El Gobierno venezolano ha señalado que el "carácter político del proceso iniciado en la CPI en 2018 como parte de la estrategia de 'cambio de régimen' impulsada por el Gobierno de los Estados Unidos de América" está claramente evidenciado. Por ello, resaltó cómo el ordenamiento jurídico venezolano está "activado permanentemente para garantizar la justicia, a través del ejercicio de su jurisdicción".

Caracas pone como ejemplo el caso de un hombre que fue presentado por la Fiscalía de la CPI como supuesta víctima de "tortura" y "persecución", cuestiones que el propio individuo negó antes las autoridades venezolanas. "Además, dicho ciudadano fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional, para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales", explica el texto.

Caracas cita como ejemplo el caso de un hombre que fue presentado por la Fiscalía del CPI como supuesta víctima de "torturas" y "persecución", cuestiones que el mismo hombre negó ante las autoridades venezolanas.

"Además, dicho ciudadano fue designado en 2019 por la Asamblea Nacional, para ejercer una alta responsabilidad de Estado en uno de los poderes públicos nacionales", se lee en el comunicado.

En respuesta a lo que consideró una "forma de colonialismo jurídico que pretende utilizar la institucionalidad de la Corte Penal Internacional con fines políticos, en clara contravención de su razón de ser y de las normas y principios del Derecho Internacional", el gobierno de Venezuela reafirmó que "seguirá ejerciendo todas las acciones a su alcance para hacer prevalecer la verdad y defender sus derechos como Nación".

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