Bukele despide a médicos que protestaron por deterioro de hospital y somete a tortura y censura a periodista

Bukele despide a médicos que protestaron por deterioro de hospital y somete a tortura y censura a periodista

29-07-2023
                                    

Redpres |.- Durante las últimas semanas, El Salvador y el gobierno liderado por Nayib Bukele experimentaron días de celebración. El presidente terminó de preparar su camino hacia la reelección al declararse victorioso en las elecciones internas por la candidatura presidencial de 2024 a principios de julio, en las cuales era el único candidato.

El gobierno finalizó los Juegos Centroamericanos y del Caribe con fuegos artificiales, quienes, aunque la delegación local obtuvo un resultado desfavorable, dejaron un recuerdo sinsabor de los escenarios remozados. Tras de las celebraciones, se han vuelto a observar las grietas oscuras en el gobierno de Bukele.

Al final del mes, el 21 de julio, al gobierno le estalló una crisis que él mismo había desencadenado al expulsar a 47 internos de medicina del principal hospital estatal del país. La causa de la sanción: los expulsados habían respaldado abiertamente a tres médicos que, en mayo, protestaron en sus plataformas de redes sociales por la saturación y colapso de los hospitales después de la tragedia durante un partido de fútbol que provocó una estampida en el Estadio Cuscatlán, el más grande del país.

La mayoría de los salvadoreños de bajos recursos que requieren de atención terciaria o especializada llegan al hospital Rosales, el lugar donde trabajaban los internos suspendidos. El centro médico se encuentra ubicado en un edificio antiguo en mal estado, cerca del centro de la ciudad y está enfrentando frecuentes problemas de falta de medicamentos e insumos.

Es común en la política local que los candidatos y líderes hagan promesas para solucionar el problema del Rosales. Cuando Bukele postuló para la presidencia y posteriormente asumió el cargo de jefe del Ejecutivo, reiteró su promesa de convertir el sitio en un hospital de primer nivel. Eso no ha sucedido y la situación sigue siendo precaria.

El 20 de mayo pasado, durante un partido de la liga local, la negligencia de los directivos del Alianza Fútbol Club, uno de los clubes más conocidos del país, resultó en una estampida en la única puerta de los graderíos populares que estaba abierta, resultando en 12 muertes y 100 heridas.

Cuando los heridos comenzaron a llegar al Rosales esa noche, Ángela Ferrer, la doctora Beatriz Monteagudo y otra colega expresaron en sus redes sociales sus dudas sobre las condiciones del hospital y del sistema público de salud. De inmediato, las doctoras recibieron decenas de amenazas ofensivas y respuestas de troles cibernéticos, algunos de los cuales se identificaron con el gobierno y el presidente, como ocurre con frecuencia cuando alguien expresa críticas o desacuerdos con el gobierno. Después de eso, fueron suspendidas de su lugar de trabajo.

Dos meses más tarde, el 20 de julio, 47 estudiantes de medicina del hospital Rosales interrumpieron temporalmente sus tareas y llevaron a cabo una manifestación pacífica en apoyo a sus tres compañeros. No había transcurrido ni un día desde esa protesta cuando el Ministerio de Salud anunció acciones administrativas en contra de los estudiantes, como la suspensión de sus labores. La reacción del sindicato médico fue inesperada para el gobierno.

La junta directiva del Colegio Médico de El Salvador llevó a cabo una conferencia de prensa el lunes 24 de julio con el fin de pedir a las autoridades de salud que restituyeran a los afectados, detuvieran las agresiones hacia el gremio médico y respetaran el debido proceso. En El Salvador, la respuesta de Nayib Bukele ha sido inusual, ya que la denuncia y la protesta pública han disminuido en los últimos meses.

Durante el año 2021 y a principios del 2022, Bukele se enfrentó a protestas que reunieron a miles de personas en las calles de San Salvador, entre ellas médicos y enfermeras, quienes reclamaban por violaciones a los derechos humanos, la política económica basada en la legalización del Bitcoin como moneda de circulación legal y el acoso a las voces críticas. A medida que las marchas fueron ganando adeptos, la policía de Bukele comenzó a bloquear las entradas a la capital cada vez que se convocaba a una protesta. Finalmente, la disidencia callejera languideció tras la aprobación del régimen de excepción en marzo de 2022, decretado cuando se rompió el pacto de gobernabilidad entre el gobierno y las pandillas MS13 y Barrio 18.

La manifestación de los médicos, en ese contexto, no es común. Tampoco lo ha sido la respuesta inmediata del gobierno: a diferencia de otras ocasiones similares, en que a la oposición el partido en el poder respondió con críticas públicas, especialmente en plataformas digitales, esta vez la respuesta ha sido más moderada y la opción de entablar una conversación se ha presentado. En el pasado, el sindicato médico organizó protestas multitudinarias que desafiaron a más de una administración.

Otro testimonio que sacó a la luz el autoritarismo del gobierno de Nayib Bukele dos semanas antes de la crisis del hospital Rosales, fue el de un periodista que fue arrestado y torturado en una prisión del país.

El 10 de julio, un día después de la finalización de los Juegos Centroamericanos, El Salvador se enteró de la historia de Víctor Barahona, un periodista de la comunidad que fue encarcelado durante un año por el gobierno de Bukele por cargos de asociaciones ilegales.

El 7 de junio de 2022, la Policía Nacional Civil detuvo al señor Barahona en su domicilio ubicado en Valle del Sol, Apopa, un suburbio de clase trabajadora en el norte de San Salvador. Según ha sido publicado por Infobae, los agentes policiales cumplen con cuotas diarias de capturas desde que el gobierno de Bukele decretó en marzo del año pasado un régimen de excepción que limita los derechos de defensa y debido proceso. En dicha ocasión, los policías arribaron a la residencia del periodista, donde descubrieron un tatuaje artístico de una rosa y procedieron a su detención sin brindar mayores explicaciones.

Después de ser liberado, Barahona habló en una conferencia de prensa promovida por la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) sobre las torturas que sufrió en el Penal de Izalco, una de las prisiones en las que, según informes de organizaciones de derechos humanos, el Estado salvadoreño ha asesinado o permitido la muerte de prisioneros detenidos durante el régimen de excepción. El periodista relató que los agentes lo dejaron agonizar durante tres días debido a su hipertensión arterial que le afectaba en la cárcel. Además, cuando podía protestar, lo dejaban hincado durante horas.

La APES ha afirmado que hasta veinte periodistas salvadoreños han tenido que abandonar el país después de ser acosados o amenazados por el gobierno de Bukele a través del Ministerio de Hacienda y la Fiscalía General de la República (FGR), que está bajo el control del presidente. El caso de Barahona es el primer incidente conocido de un periodista que ha sido encarcelado y torturado en las prisiones de El Salvador durante el mandato de Nayib Bukele.

El gobierno de Bukele trató de disminuir la intensidad de la denuncia de Barahona, pero no logró su objetivo. El Estado salvadoreño respondió a las denuncias de violaciones atribuidas al gobierno de Bukele el 14 de julio ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Washington, DC. Funcionarios del gobierno negaron repetidamente que en El Salvador haya reportes de amenazas contra periodistas, torturas o fallecimientos causados por la violencia o negligencia del Estado en las prisiones.

El fiscal general de Bukele, Rodolfo Delgado, afirmó que su oficina no tenía denuncias sobre amenazas a periodistas y repitió algo que ya había dicho sobre las muertes carcelarias, que la fiscalía no ha abierto expedientes criminales porque todos los decesos han sido por "causas naturales". Delgado omitió decir, por ejemplo, que decenas de periodistas han hecho denuncias públicas, incluso una ante autoridades estadounidenses, de que han sido espiados con software instalado en sus teléfonos, presuntamente por el gobierno. Tampoco mencionó Delgado que la APES ha recibido decenas de denuncias de acoso a periodistas atribuidos a policías, al mismo presidente y a otros funcionarios, y que la fiscalía puede investigar todo esto sin que medie denuncia, es decir, de oficio.

Otro de los portavoces del gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue Andrés Guzmán, ciudadano colombiano designado por el presidente Bukele como comisionado presidencial para los derechos humanos en mayo del presente año. El señor Guzmán expresó lo mismo que el señor Delgado, en el sentido de que no tiene conocimiento de denuncias de periodistas amenazados. No obstante, el comisionado Guzmán no hizo mención alguna de que el señor Víctor Barahona había hecho públicas sus denuncias de arresto arbitrario, torturas y violación al debido proceso, tan solo unos días antes de su intervención. Cabe destacar que el señor Guzmán, especialista en ciberseguridad, ha sido vinculado a la extrema derecha de su país y señalado por supuesto espionaje digital.

Incluso la canciller salvadoreña Alexandra Hill, quien rara vez hace declaraciones públicas, subió fotos de los comisionados de la CIDH que escucharon a los funcionarios salvadoreños y les criticaron por parecer distraídos durante sus intervenciones en su cuenta de Twitter. La CIDH hizo un llamado formal en abril de 2023 an El Salvador para que restableciera los derechos de sus conciudadanos que habían sido limitados por el régimen de excepción. En ese momento, la líder de la diplomacia, Hill, optó por permanecer en silencio.

El gobierno de Bukele respondió con abuso a la denuncia de Barahona. El 27 de julio, la fiscalía de Bukele solicitó a un tribunal especializado que ordenara la detención del periodista debido a que las "circunstancias" que sustentaron la decisión de tomar medidas sustitutivas al arresto habían cambiado. El tribunal mantuvo a Barahona en libertad, pero ordenó el secreto de sumario, lo que le impide hablar de su caso en público de nuevo. APES dijo que la acción de la fiscalía solo hizo que el comunicador se callara.

Esto sucede mientras El Salvador sigue en estado de excepción y el gobierno liderado por Nayib Bukele fortalece el estado policial mediante reformas legales exprés aprobadas sin debate por sus diputados en el Congreso.

En julio, a solicitud del ministro de seguridad, Gustavo Villatoro, el Congreso prorrogó por decimosexta vez el estado de excepción decretado en marzo de 2022. Las cifras de este régimen son controvertidas. El gobierno afirma que, gracias a esta medida extraordinaria, ha reducido casi a cero los asesinatos, lo cual ha sido cuestionado por expertos y organismos internacionales que tienen las mismas cifras del gobierno. Cerca de 70,000 personas han sido detenidas, de las cuales no menos de 30,000 son inocentes según un cálculo de la organización no gubernamental Socorro Jurídico Humanitario. Al menos 152 personas han fallecido de manera violenta o por negligencia mientras estaban bajo custodia del Estado.

El gobierno de Bukele, ante la última solicitud de prolongación del régimen de excepción, impulsó una reforma que permite juicios sumarios de hasta 500 personas reunidas, lo cual, según los abogados consultados, obstaculiza la individualización de delitos y las garantías de debido proceso.

En mayo de 2022, cuando apenas comenzaba el régimen de excepción, la abogada Zaira Navas de la organización Cristosal advirtió que las detenciones masivas logradas a través de una política de cuotas diarias de detenciones conducirían a juicios masivos sumarios. En la actualidad, el gobierno liderado por Nayib Bukele lo ha oficializado.

A pesar de todas las denuncias, el presidente salvadoreño, ya con el camino a su reelección despejado, parece navegar con bastante tranquilidad. En su cuenta de Twitter, su principal herramienta de comunicación política, Bukele publica frases retadoras en su línea de biografía (la cual actualmente se titula "Rey Filósofo" en inglés), reproduce encuestas que le dan una aprobación del 90% y se pelea con quienes lo critican, con emoticonos y casi siempre en inglés.

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