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AP revela que la DEA realizó una operación secreta en Venezuela para montar falsos casos de narcotráfico contra gobierno
por redpres.com 2024-02-02, 4:48 pm
AP revela que la DEA realizó una operación secreta en Venezuela para montar falsos casos de narcotráfico contra gobierno
02-02-2024
Redpres |.- En una reciente investigación periodística se ha develado la existencia de una supuesta operación encubierta de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se proponía, en 2018, construir casos falsos y montajes de narcotráfico contra miembros del Gobierno venezolano. Esta operación coincide con las recientes denuncias de conspiraciones que hizo públicas el presidente, Nicolás Maduro, y que salpicaron a la agencia del Departamento de Justicia de EE.UU.
Según un "memorando secreto" del gobierno de Estados Unidos al que tuvo acceso la agencia 'The Associated Press' (AP), la operación encubierta se extendía hasta 2019 y estaba basada en operaciones encubiertas que buscaban grabar ilegalmente para montar y "construir casos de narcotráfico" contra los dirigentes del chavismo.
El documento, redactado durante la campaña de "máxima presión" llevada adelante por Donald Trump durante su mandato (2017-2021), revela la intención de deponer al presidente venezolano a través de mecanismos como sanciones, desconocimiento de sus instituciones y amenazas de intervención militar, entre otras.
La investigación revela que altos funcionarios de la DEA "conspiraron para desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narco-Estado", con el fin de generar inestabilidad política en el país.
Cabe recordar que, en 2018, durante un discurso de Maduro en una concurrida avenida de la capital, se llevó a cabo un fallido intento de asesinato utilizando drones, incidente del cual Maduro acusó a la DEA, alegaciones que repitió en enero durante su mensaje a la nación en la Asamblea Nacional. Hasta el momento, la Justicia venezolana ha detenido a 36 personas, incluyendo militares activos y políticos de la ultraderecha, por estar presuntamente incursos en conspiraciones que buscaban asesinar a Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno.
El término "narco-Estado" ha resonado nuevamente en este escenario, con la DEA supuestamente tratando de instigar la idea de que altos funcionarios venezolanos han convertido al país en un Estado patrocinador del narcotráfico. Según documentos consultados por AP, hubo esfuerzos para utilizar informantes con el fin de obtener grabaciones secretas de funcionarios venezolanos.
Las actividades de la DEA, según lo expuesto por AP, podrían haber vulnerado leyes tanto venezolanas como internacionales, hecho que habría requerido la intervención del Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC), un órgano reservado para escudriñar las operaciones más delicadas de la DEA que tocan aspectos éticos, legales y de política exterior.
El analista español Fernando Casado, entrevistado por la agencia 'Actualidad RT', ha señalado que las acusaciones de narcotráfico contra el Gobierno venezolano formaban parte de una estrategia para justificar sanciones económicas impuestas a Venezuela. Estas acusaciones se intensificaron desde la llegada de Maduro al poder en 2014, a pesar de la falta de pruebas contundentes.
En 2015, durante la Administración de Barack Obama, se declaró a Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual" para la seguridad y política exterior estadounidense, lo que impulsó la aplicación sistemática de sanciones que hasta ahora acumulan 932.
En el marco de esta estrategia, el fiscal general de EE.UU., William Barr, presentó cargos formales de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción contra Maduro y otros altos funcionarios. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto o procesamiento del jefe de Estado venezolano.
La investigación periodística también revela que el plan desarrollado por la DEA "parecía hacer caso omiso de las leyes venezolanas e internacionales", y a pesar de esta irregularidad jurídica, se pidió la aprobación del Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC, por sus siglas en inglés), reservado para los casos más delicados que implican consideraciones éticas, legales o de política exterior.
Estas revelaciones han generado un nuevo escándalo diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, y han puesto en entredicho las prácticas de la DEA en el país sudamericano. La comunidad internacional sigue atenta a las implicaciones que estas revelaciones puedan tener en las relaciones bilaterales entre ambos países.
@RedPresNoticias
Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons y puede ser copiada libremente de manera parcial o completa, reconociendo los créditos de la manera especificada por el autor y haciendo mención de la fuente original, y solo para usos informativos, noticiosos, educativos o investigativos y no con fines comerciales. RedPres Noticias
02-02-2024
Foto Agencias
Una investigación realizada por la agencia de noticias 'The Associated Press' ha sacado a la luz lo que parece ser un intento por parte de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) de montar casos de narcotráfico contra miembros del Gobierno de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro.
Redpres |.- En una reciente investigación periodística se ha develado la existencia de una supuesta operación encubierta de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se proponía, en 2018, construir casos falsos y montajes de narcotráfico contra miembros del Gobierno venezolano. Esta operación coincide con las recientes denuncias de conspiraciones que hizo públicas el presidente, Nicolás Maduro, y que salpicaron a la agencia del Departamento de Justicia de EE.UU.
Según un "memorando secreto" del gobierno de Estados Unidos al que tuvo acceso la agencia 'The Associated Press' (AP), la operación encubierta se extendía hasta 2019 y estaba basada en operaciones encubiertas que buscaban grabar ilegalmente para montar y "construir casos de narcotráfico" contra los dirigentes del chavismo.
El documento, redactado durante la campaña de "máxima presión" llevada adelante por Donald Trump durante su mandato (2017-2021), revela la intención de deponer al presidente venezolano a través de mecanismos como sanciones, desconocimiento de sus instituciones y amenazas de intervención militar, entre otras.
La investigación revela que altos funcionarios de la DEA "conspiraron para desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narco-Estado", con el fin de generar inestabilidad política en el país.
Cabe recordar que, en 2018, durante un discurso de Maduro en una concurrida avenida de la capital, se llevó a cabo un fallido intento de asesinato utilizando drones, incidente del cual Maduro acusó a la DEA, alegaciones que repitió en enero durante su mensaje a la nación en la Asamblea Nacional. Hasta el momento, la Justicia venezolana ha detenido a 36 personas, incluyendo militares activos y políticos de la ultraderecha, por estar presuntamente incursos en conspiraciones que buscaban asesinar a Maduro y otros altos funcionarios del Gobierno.
El término "narco-Estado" ha resonado nuevamente en este escenario, con la DEA supuestamente tratando de instigar la idea de que altos funcionarios venezolanos han convertido al país en un Estado patrocinador del narcotráfico. Según documentos consultados por AP, hubo esfuerzos para utilizar informantes con el fin de obtener grabaciones secretas de funcionarios venezolanos.
Las actividades de la DEA, según lo expuesto por AP, podrían haber vulnerado leyes tanto venezolanas como internacionales, hecho que habría requerido la intervención del Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC), un órgano reservado para escudriñar las operaciones más delicadas de la DEA que tocan aspectos éticos, legales y de política exterior.
El analista español Fernando Casado, entrevistado por la agencia 'Actualidad RT', ha señalado que las acusaciones de narcotráfico contra el Gobierno venezolano formaban parte de una estrategia para justificar sanciones económicas impuestas a Venezuela. Estas acusaciones se intensificaron desde la llegada de Maduro al poder en 2014, a pesar de la falta de pruebas contundentes.
En 2015, durante la Administración de Barack Obama, se declaró a Venezuela como una "amenaza extraordinaria e inusual" para la seguridad y política exterior estadounidense, lo que impulsó la aplicación sistemática de sanciones que hasta ahora acumulan 932.
En el marco de esta estrategia, el fiscal general de EE.UU., William Barr, presentó cargos formales de narcoterrorismo, tráfico de armas y corrupción contra Maduro y otros altos funcionarios. El Departamento de Estado ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que condujera al arresto o procesamiento del jefe de Estado venezolano.
La investigación periodística también revela que el plan desarrollado por la DEA "parecía hacer caso omiso de las leyes venezolanas e internacionales", y a pesar de esta irregularidad jurídica, se pidió la aprobación del Comité de Revisión de Actividades Sensibles (SARC, por sus siglas en inglés), reservado para los casos más delicados que implican consideraciones éticas, legales o de política exterior.
Estas revelaciones han generado un nuevo escándalo diplomático entre Estados Unidos y Venezuela, y han puesto en entredicho las prácticas de la DEA en el país sudamericano. La comunidad internacional sigue atenta a las implicaciones que estas revelaciones puedan tener en las relaciones bilaterales entre ambos países.
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