El Salvador: Extraña muerte de preso político que había revelado vínculos del gobierno de Bukele con narcotráfico

El Salvador: Extraña muerte de preso político que había revelado vínculos del gobierno de Bukele con narcotráfico

Publicado: 09-02-2024
                                    

Redpres |.- La sospechosa muerte del preso político Alejandro Muyshondt, exasesor de seguridad nacional del presidente Nayib Bukele, y su posterior manejo por las autoridades salvadoreñas, ha desencadenado una serie de acusaciones y especulaciones en todo El Salvador.

Muyshondt había sido arrestado el 9 de agosto de 2023 por alegaciones vertidas por el presidente Bukele quien lo acusó de ser un "doble agente" y trabajar en contra de los intereses del Estado. La tensión política se intensificó cuando Muyshondt implicó a Erick García, diputado de Nuevas Ideas y del círculo cercano de Bukele, en actos de narcotráfico y de corrupción.

Muyshondt fue declarado muerto en un hospital de San Salvador, donde había ingresado tras sufrir un supuesto accidente cerebrovascular en octubre de 2023. El deceso se produjo en la noche del 7 de febrero de 2024 en un hospital público y fue confirmado por el Instituto de Medicina Legal, que indicó como "causa preliminar" un "edema pulmonar", según un acta que circuló en la prensa local.


La muerte de Alejandro Muyshondt ha generado conmoción y polémica en El Salvador, ya que se produce en medio de una serie de denuncias de violaciones de derechos humanos por parte del gobierno de Bukele.

La familia de Muyshondt ha denunciado que el exasesor fue víctima de tortura y malos tratos mientras estuvo bajo custodia del Estado. También ha expresado estar "impactados" ante el fallecimiento y ha cuestionado las circunstancias de su muerte, especialmente considerando que el edema pulmonar es un diagnóstico comúnmente asignado a presos fallecidos bajo la vigente política de régimen de excepción en el país, una medida que ha sido tanto aplaudida por su eficacia en reducir la violencia, como criticada por organizaciones de derechos humanos por el supuesto encarcelamiento de inocentes y otras violaciones al debido proceso.

En una denuncia más grave, Patricia Álvarez, madre del fallecido, acusó a las autoridades de desaparecer el expediente médico de su hijo, lo cual obstaculiza la realización de procedimientos legales necesarios para su entierro.


La abogada de Álvarez, Lucrecia Landaverde, ha resaltado la falta de transparencia y la posible manipulación de información por parte del Estado, y un incidente en el que una persona se hizo pasar por fiscal, mencionándoles que los trámites relacionados con el fallecimiento se llevarían a cabo en una sede de la FGR en San Salvador. Sin embargo, al llegar al lugar, la madre es informada de que esa persona no está registrada y que aún no se ha realizado la autopsia, a pesar de que las autoridades ya han entregado el cuerpo de Muyshondt. El incidente ha exacerbado la desconfianza hacia las instituciones salvadoreñas.

Tras trabajar para Bukele como su asesor de seguridad y su posterior arresto, el caso tomó un giro aún más controversial cuando el régimen de Bukele acusó a Muyshondt de que supuestamente colaboró con el expresidente Mauricio Funes en filtrar documentos clasificados y en apoyar su evasión de la justicia. Funes, quien se encuentra en Nicaragua desde 2016 y protegido por la nacionalidad concedida por el presidente Daniel Ortega, es buscado por un caso de desvío de fondos.

La muerte de Muyshondt ha generado reacciones de condena por parte de organizaciones de derechos humanos y de la oposición política.

Su primo, Ernesto Muyshondt, exalcalde de San Salvador y dirigente del partido opositor Arena, quien antes fue aliado de Bukele, también es otro preso político que se encuentra detenido por el regimen bukelista desde el 4 de julio de 2021, acusado de supuestamente "vincularse con pandillas".


El conflicto público entre Bukele y Ernesto Muyshondt comenzó un mes antes, cuando el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que designaría al exalcalde salvadoreño como asesor en seguridad en materia de corrupción del organismo internacional. Bukele respondió con enojo y decidió terminar el acuerdo con la OEA que respaldaba la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (CICIES), una entidad supranacional encargada de apoyar a la fiscalía local en la investigación de casos de corrupción de gran magnitud.

Cuando el polémico caso Ernesto Muyshondt-Bukele salió a la luz, la CICIES ya había iniciado investigaciones por corrupción que implicaban a los funcionarios del presidente durante la pandemia, así como por un presunto acuerdo entre el gobierno de Bukele y las pandillas MS13 y Barrio 18. Estos expedientes de la CICIES señalaban a Bukele y su círculo cercano por comportamientos delictivos similares a los que la fiscalía salvadoreña atribuía a Muyshondt, relacionados con pactos con pandillas que, según las leyes del país centroamericano, son consideradas organizaciones terroristas.

Esta situación deja a la nación con un aura de incertidumbre y demanda urgentemente un esclarecimiento de los hechos en torno a la muerte de Alejandro Muyshondt. La comunidad internacional y los ciudadanos de El Salvador están atentos a las próximas acciones de la Fiscalía General de la República y al desarrollo de este caso que roza las más altas esferas del poder salvadoreño.

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