Grupo monopólico Clarín intenta coartar libertad de expresión de periodistas argentinos

Grupo monopólico Clarín intenta coartar libertad de expresión de periodistas argentinos



AVN.- La demanda presentada por el grupo privado Clarín contra un grupo de periodistas argentinos busca coartar la libertad de expresión, tal como expresaron en el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels), entidad que defenderá a los comunicadores.

Los abogados de la empresa mediática argumentaron que las opiniones de los periodistas son parte de una "maniobra" que promueve la violencia colectiva contra la firma y sus directivos, reseñó el diario Página/12.

La demanda de Clarín se da a conocer a pocos días de la entrada en vigencia, el 7 de diciembre, de la nueva Ley de Medios Audiovisuales, por la cual el grupo tendrá que desprenderse de varios de sus medios.

Los periodistas imputados penalmente son Sandra Russo, Roberto Caballero, Javier Vicente, Nora Veiras, Edgardo Mocca y Orlando Barone.

La acusación del grupo Clarín también se extiende a Martín Sabatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), al secretario legal y técnico de la Presidencia, Carlos Zannini, al ministro de Justicia, Julio Alak, y a los legisladores Edgardo Depetri y Juan Cabandié.

Los comunicadores denunciados por el monopolio mediático han realizado críticas e investigaciones contra Clarín por no respetar la aplicación de la ley de medios y por beneficiarse económicamente durante la dictadura militar (1976-1983).

Al conocerse la presentación judicial, Sabbatella explicó que la postura de Clarín "es parte de la estrategia desesperada de un grupo que quiere mantener sus privilegios y busca cómo no cumplir la ley".

Caballero, a su vez, consideró que la denuncia contra los comunicadores y funcionarios "intenta aplicar una mordaza judicial" y "coartar la libertad de expresión, de presionar para que se ejerza la autocensura profesional".

"La verdad, sólo en los regímenes totalitarios se puede pensar que las opiniones de un periodista constituyen un delito penal", aseveró el comunicador.

El secretario del Cels, Damián Loretti, señaló que la denuncia "es un precedente grave no sólo para los periodistas sino para cualquier ciudadano que exprese una opinión sobre temas de interés público".

En el organismo recordaron que para proteger la libertad de expresión en los últimos años fueron despenalizadas las figuras de calumnias e injurias en caso de temas de interés público.

Por esta razón, la denuncia "acude a dos tipos del Código Penal (la instigación a la violencia y la coacción agravada), que no fueron concebidos para reprimir el pensamiento y la expresión, lo que resalta el absurdo de la intención persecutoria", expresó Loretti.



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Fuente: AVN