(Revista Insurrección Nº 401) ELN: "Compartimos un acuerdo especial sobre hostilidades en Colombia"

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Mensaje  Redpres Prensa el Miér 04 Dic 2013, 4:22 pm

(Revista Insurrección Nº 401) ELN: "Compartimos un acuerdo especial sobre hostilidades en Colombia"

4 Diciembre 2013 | Prensa Comando Central ELN


Imagen ©ELN

REVISTA INSURRECCIÓN No. 401
                                                 
CONTENIDO
1.- EDITORIAL: COMPARTIMOS HACER UN ACUERDO ESPECIAL SOBRE LAS HOSTILIDADES
2.- NICARAGUA, EL NUEVO ENEMIGO.
3.- UN RÉGIMEN INDOLENTE  ANTE LA DISCRIMINACION RACIAL.
4.- CAMILO: CLASE POPULAR Y UNIDAD.
5.- ‘AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS’  DIJO MONROE.                                    

1.- Editorial:

COMPARTIMOS HACER UN ACUERDO ESPECIAL SOBRE LAS HOSTILIDADES

Al cumplirse un año de la mesa de diálogo de La Habana, la ex senadora Piedad Córdoba, en carta abierta a la insurgencia y al gobierno propuso “llegar a un Acuerdo Especial sobre las hostilidades como lo contempla el Derecho Internacional Humanitario”.

Compartimos plenamente la idea de Piedad Córdoba, quien ha venido trabajando con persistencia, transparencia y arriesgando su propia vida, para que se resuelva el conflicto interno y se construya la paz, que queremos y necesitamos todos los colombianos.

En los últimos 23 años hemos reiterado al país nuestra disposición de llegar a un acuerdo para lograr y consolidar la paz,  en consecuencia hemos abierto diálogos de paz con cuatro gobiernos, así mismo hemos expresado que mientras se acuerda la paz, tenemos disposición a pactar un cese bilateral del fuego y las hostilidades, y a lograr un acuerdo humanitario, que haga menos cruenta la guerra.  Desde esta posición histórica sobre la paz, apoyamos la propuesta de Piedad Córdoba.

Cincuenta años de guerra y más de doscientos años de deuda acumulada por la injusticia social, que excluye al pueblo de la democracia real y participativa, sólo es posible de resolver con hechos reales; la oligarquía y los gobiernos que la representan, no pueden pretender que se resuelva el conflicto con declaraciones de buena voluntad y promesas.

Por esto es  necesario que las Partes involucradas en el conflicto demos pasos significativos, que generen un ambiente favorable y la confianza mutua de que se avanza hacia el final del conflicto, alejados de maniobras dirigidas a sacar ventajas. Un cese bilateral del fuego y hostilidades es el mejor termómetro, para medir la seriedad y responsabilidad con que se asume el proceso de construcción de la paz.

No es serio y equilibrado que nos pidan gestos de paz, cuando las Fuerzas Armadas del gobierno bombardean campamentos, emboscan unidades insurgentes, asesinan guerrilleros, y los generales y el ministro de la guerra se ríen de la muerte de éstos;  al tiempo que la estructura terrorista del Estado prosigue con el asesinato selectivo de luchadores sociales y políticos.

Con esta visión ventajosa es que el régimen exige a la insurgencia hacer gestos de paz, partiendo de considerar a ésta como la responsable del conflicto social y armado vigente en el país; en cambio, presentan como víctima a la oligarquía, que históricamente ha recurrido a la violencia contra el pueblo para mantener el poder y los métodos de acumulación de capital.

Esta visión de “Cero autocrítica” la difunden los medios de comunicación y distintas instituciones del Estado y la sociedad, con lo que el régimen interpone un obstáculo para  construir un camino firme, hacia la terminación del conflicto interno, que cree las condiciones para  una paz real estable y duradera.  

Consideramos que el gobierno, como representante de los intereses de la oligarquía y no de todos los colombianos, tiene que dar pasos que contribuyan a generar un ambiente favorable y a crear confianzas, como también lo debemos hacer la insurgencia.

En este sentido, valoramos oportuna y correcta la propuesta de Piedad Córdoba,  de hacer un Acuerdo Especial sobre las hostilidades, que debe ser respaldado por todos los colombianos comprometidos con la paz, que sueñan con ésta y con la superación de la violencia oficial y de la guerrilla, desde un movimiento social por la paz, que exija la solución política al conflicto social y armado, y “el cese de la guerra para facilitar la construcción de la paz”.




2.- NICARAGUA, EL NUEVO ENEMIGO

Por Pablo Beltrán.

El virus que parecía haber sido erradicado, vuelve a aparecer ahora, es apenas obvio, en plena campaña electoral.

Antes poseyó al gobierno de Uribe y ahora en su reaparición, se tomó a Santos el presidente candidato.

El virus Mieditis tanto poseyó a muchos colombianos en la década pasada, que llegaron a ver como peligrosísimos enemigos a los pueblos hermanos de Ecuador y Venezuela.Las cepas de este virus reaparecen ahora, para provocar síntomas de fobia contra Nicaragua.

El depósito de Mieditis hace parte del arsenal con que cuentan los Estados, para usarlo cuando lo consideran necesario. Hay que recordar que el empleo de los virus como arma de destrucción masiva, es una modalidad de guerra bacteriológica.

Este virus conocido también como la Política del miedo, inventa un enemigo exterior, para unificar a la sociedad bajo el ala protectora del gobierno.

Al presidente candidato le cae bien que la población colombiana se reagrupe en torno suyo, en momentos en que puja por su reelección. En abierta competencia con Uribe, el gran maestro poseedor de los mayores reservorios de Mieditis.

Santos y Uribe compiten por quién enfrenta mejor el problema, que nos crea a los colombianos el fallo de La Haya, al quitarnos más de 75 mil kilómetros de mar Caribe, para cederlos a Nicaragua.

A ser afectados todos los colombianos, todos debemos participar en la solución de este problema, así la tradición diga que las relaciones internacionales son competencia exclusiva de las cabezas del gobierno.

El diferendo de delimitación marítima entre Colombia y Nicaragua

Ricardo Abello Galvis, Profesor de Derecho Internacional de la Universidad del Rosario, en Bogotá, con su reciente artículo sobre los “Mitos y realidades del fallo de La Haya”, aporta a elaborar la cronología de éste diferendo limítrofe:

+ El Tratado Esguerra Bárcenas de 1928 delimitó espacios terrestres entre las dos Estados, pero no los espacios marítimos.

+ El Acta de canje de 1930 precisó el Tratado Esguerra Bárcenas.

+ En 1969 el gobierno de Colombia se pronunció en contra del Acta de canje de 1930, por haber desterritorializado el Tratado de 1928. Concepto invalidado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), en una Sentencia de 2007.

+ El gobierno de Colombia inició el 6 de diciembre de 2001, su sometimiento a la CIJ como juez del diferendo con Nicaragua. Las decisiones de este tribunal son de obligatorio cumplimiento para ambos Estados, independientemente que Colombia se retire del Pacto de Bogotá y que la Corte Constitucional declare al Pacto de Bogotá como incompatible con la Constitución de 1991.

+ El 13 de diciembre de 2007, la CIJ dictó sentencia sobre Excepciones preliminares, cuyo párrafo 120 dice, “el Tratado de 1928 y el Acta de 1930 no efectuaron una delimitación general de la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua”. Lo que significa que el Meridiano 82 nunca ha sido la frontera marítima entre Colombia y Nicaragua.

+ El gobierno de Colombia en 2008 propuso la hipótesis de la Línea media para trazar la frontera marítima, en la que cedía espacios marítimos en la zona norte, a cambio de ganar espacios al sur del Meridiano 82. Lo que implicaba perder la zona de la Luna Verde y aceptar que el Meridiano 82 no es el límite marítimo.

+ La CIJ el 19 de noviembre de 2012, dictó sentencia de fondo sobre el límite marítimo, que entregó más de 75 mil kilómetros cuadrados de mar a Nicaragua, reiterando el límite terrestre, por el que todas las islas, islotes y cayos que se encuentran al oriente del Meridiano 82 son de soberanía exclusiva de Colombia.  En el mar ubicado entre las islas de Providencia y Santa Catalina, Quitasueño y Serrana coinciden la Zona económica exclusiva nicaragüense, con la Zona contigua  de Colombia -derecho que tiene un Estado sobre el mar localizado entre las doce y las veinticuatro millas náuticas contadas a partir la costa-, en esta Zona, Colombia ejerce derechos administrativos, como aplicar normas de aduanas y realizar ‘persecución en caliente’. La superposición de derechos hace de compleja aplicación el fallo de la CIJ, porque Nicaragua puede ejercer derechos económicos y Colombia derechos administrativos, en el mismo espacio marítimo.

+ En septiembre de 2013 el gobierno de Colombia, lanzó una estrategia frente al fallo de la CIJ, que no lo desconoce, pero lo considera inaplicable.

+El 26 de noviembre de 2013 Nicaragua demandó a Colombia ante la CIJ, por incumplir la sentencia que trazó la frontera marítima entre los dos Estados y por amenazar con el uso de la fuerza en la zona.

¿Cómo resolver la pérdida de éste pedazo de mar Caribe?

En aras del debate tendríamos que reconocer que en el presente conflicto, si Nicaragua tuviera el 99 de la responsabilidad por la pérdida de una parte de nuestro mar Caribe, el restante uno por ciento de la culpa sería atribuible al Estado colombiano, quien acumuló aciertos y errores en sus decisiones de 1928, 1930, 1969, 2001, 2008 y 2013. Asignar esta proporción de la responsabilidad a Nicaragua, es lo que lleva a Santos a clasificarla como ‘el malo de la película’.

Mirar hacia atrás nos permite, prevenir la repetición de errores en el futuro, y como no fuimos capaces de evitar el problema, ahora debemos enfrentarlo.

Los estudiosos del Derecho internacional opinan que lo primero es cumplir la sentencia de la CIJ, para enseguida negociar con Nicaragua otro límite marítimo más favorable a Colombia, que reemplace el del fallo de noviembre de 2012.

Si esta es la vía pacífica y más corta para resolver el conflicto, no tiene sentido que Santos le eche todas las culpas a Nicaragua, cuando lo que debe hacer es reconstruir las confianzas, como cuota inicial para negociar con ella un tratado limítrofe.




3.- UN RÉGIMEN INDOLENTE ANTE LA DISCRIMINACION RACIAL

Por Luís Carlos Guerrero S.

A pesar de la proclamada igualdad todavía en nuestro país se siente hondamente la discriminación racial, la condición étnica significa menores posibilidades y oportunidades para el disfrute y acceso a los derechos humanos.  

Un amigo me decía, que cuando un negro ingresa a un centro comercial es observado con detenimiento, porque el prejuicio induce a pensar que va a robar; y si es un indígena el que ingresa, es porque algo va a pedir.

Hace un tiempo, los negros fuimos considerados como una cosa sin alma, muy buenos para la carga y para trabajar en las minas. Hoy, sólo somos buenos para los oficios llamados domésticos y los de las escalas laborales inferiores, esto refleja la persistencia de la discriminación racial y el racismo.

Un estudio realizado recientemente en Bogotá reporta, que cuando un poblador negro solicita trabajo, tiene un 10 por ciento menos de posibilidad que sea aceptada su solicitud y de ser llamado a entrevista. Cuando la aspiración de emplearse requiere determinada calificación laboral aumenta el porcentaje de desfavorabilidad.

En Colombia no existen políticas que tengan como fin erradicar y prevenir la discriminación en el trabajo y proteger el derecho al trabajo libre de discriminación.

En los niveles altos de la Rama Judicial son muy inferiores los niveles de la participación de los negros. En la Corte suprema de Justicia, el Consejo de Estado y en el Consejo Superior de la Judicatura no hay un solo afro. Del total de los empleados de esta rama, solo hay 659 afros, distribuidos así:

Total Porcentaje Cargo
69 10 jueces municipales
45 6,8 jueces de circuitos o especializados
19 2,8 magistrados de tribunales.

El país plurietnico y pluricultural no existe

El artículo 7 de la Constitución reconoce, acepta y protege la diversidad étnica y cultural de la nación, pero todavía estamos lejos de ser una sociedad libre de la discriminación racial y efectivamente incluyente, en donde se garantice la participación plena de los indígenas y afros.

Hay una ausencia notoria en los enfoques étnicos en las políticas públicas, esta carencia ha llevado a que en Colombia el Estado tenga un absoluto desconocimiento de la actual situación de vivienda de las minorías étnicas, a partir del cual se formule una política de vivienda apropiada a las condiciones de su ser negro e indígena; igual ocurre para la salud que debe incorporar el saber ancestral de estos pueblos.

Un Informe del observatorio de discriminación racial y racismo, presentado en 2013 por la ONU dice, que “antes del desplazamiento el 65,6 por ciento de la población afro colombiana encuestada vivía  en casas, el 19,2 por ciento vivía en ranchos o chozas, el 1,9 por ciento en apartamentos. Pero después del desplazamiento, la población que vive en casa disminuye al 32,7, el que vive en ranchos o chozas crece al 33,4, un 10,4 vive en piezas, 7,5 en cambuches y el 6,1 por ciento en apartamentos”.

El Estado niega la legislación internacional

La Constitución del 91 reconoció a los pueblos indígenas el derecho a un territorio, a la organización propia, a la autonomía territorial y el gobierno propio. Pero Colombia es uno de los seis países del mundo, que se siguen negando a ratificar los Derechos de los pueblos indígenas acordados en la ONU.  

En el caso de los afros los derechos alcanzados en la Constitución son más reducidos. La ley 70 de 1993 les reconoce el derecho a una titulación de tierras colectivas y a organizarse en consejos comunitarios, sin que estos se consideren una entidad territorial, o sea,  no son comunidades con derechos a gobernarse con autonomía ni con presupuestos propios para el desarrollo económico y social.

Todos sabemos que los derechos políticos de los grupos étnicos incluyen el derecho a gobernarse por sus propias autoridades, de acuerdo a sus costumbres y tradiciones. El Estado se ha negado a reconocer el derecho a los afros de tener una autoridad nacional, en cambio no han sido pocos los intentos del Estado por imponerles entes amañados, no surgidos desde las propias comunidades y sus organizaciones.

No ha sido posible avanzar en la reglamentación de la ley 70 de 1993, que es determinante para el pueblo afro colombiano, sobretodo los Capítulos sobre el uso del territorio, la administración de los recursos naturales y mineros, y la adopción de un plan nacional de desarrollo económico y social para los afros. A estos, el Estado le sigue sacando el quite.

El Estado colombiano tampoco admite la presencia de la ONU, en el seguimiento a la aplicación nacional de políticas universales sobre la eliminación de la discriminación  racial y el racismo.

El Congreso de la República no ha expedido una legislación específica para proteger a las poblaciones afros e indígenas de la discriminaciones ni para garantizar el derecho a la igualdad de estas etnias que históricamente han sido marginadas, excluidas y discriminadas.

Desplazados y no tenidos en cuenta

El derecho a la consulta previa, libre e informada de las comunidades indígenas y afros se viola todos los días, a pesar que el Estado ratificó el Convenio 169 de la OIT, que establece en el artículo 6, el derecho a “consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente”.

El motivo de este desconocimiento está en que la minoría gobernante busca convertir a Colombia en un país minero, y precisamente los territorios de los indígenas y afros poseen abundantes recursos minerales estratégicos, codiciados por las transnacionales. La gran minería entra en colisión con la cosmovisión de las comunidades negras e indígenas, que busca vida digna y garantizar un territorio para las futuras generaciones. El Estado no consulta a estas comunidades para evitar que le lleven la contraria.

El destierro de estas comunidades, mediante la violencia criminal, produce el despojo, desalojo, desarraigo y dispersión de los negras e indígenas, y permite a las transnacionales apoderarse de los territorios desocupados.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES), denuncia que “los afros colombianos son la minoría étnica más numerosa entre el grupo de personas desplazadas en Colombia. Representan casi la cuarta parte de la población desplazada del país (un 22,5 por ciento)”.

Los crímenes de lesa humanidad se legalizan mediante estigmatizaciones promovidas desde el Estado, como estas: los negros dañan el medio ambiente; los negros e indígenas no están por el progreso; el progreso del país no puede depender de una minoría; esos negros e indígenas son guerrilleros.

El sistema judicial desconoce las prácticas y el derecho a una justicia propia tanto de los pueblos indígenas como de la población afro; la presencia de ellos en la elaboración de la Reforma a la justicia fue totalmente desconocida, pasando por encima del derecho de participación.

Es necesaria una política diferencial

Desde el régimen se busca imponer una concepción de pobreza a las comunidades negras e indígenas. La pobreza tiene elementos indispensables a tener en cuenta. El primero, es que ha habido un despojo histórico de territorios y de recursos naturales. El segundo es que realizar la vida para los indígenas y afros, es un asunto y derecho colectivo y no simplemente un derecho individual. Y el tercero, es el vínculo entre la integralidad del territorio, la autonomía y la unidad.

Es indignante que el 80 por ciento de la población negra tenga necesidades básicas insatisfechas, o sea, son pobres; el 60 por ciento viven en la miseria; y la esperanza de vida está entre los 60 y 65 años, muy inferior al promedio nacional.

Si todas las riquezas de un territorio colectivo estuvieran en manos de las comunidades que lo habitan, dispuestas en planes económicos y sociales, desaparecería la pobreza y se respetaría los ciclos de la naturaleza.

Cambio de rumbo

Este doloroso panorama de discriminación racial a los pueblos indios y negros en Colombia, por su extrema gravedad coloca en peligro de extinción a muchos pueblos indígenas, y a las comunidades negras, palenqueras y raizales del pueblo afro.

Con la acción popular será posible marchar hacia nuevos rumbos, con el fin de construir una verdadera nación pluricultural y plurinacional, donde los negros e indígenas sean sujetos permanentes, visibles y activos de la Nueva Patria, que ha de florecer en sus manos.

Hasta ahora, se les reconoce como seres anormales, cuyas lenguas según el artículo 10 de la Constitución, sólo valen en sus territorios, que condena a la marginación a las nacionalidades negras e indígenas. Visión estrecha que lleva a que su permanencia en el territorio sea entendida como un obstáculo al “progreso y desarrollo”, negando que nuestros pueblos negros e indígenas son parte de una construcción de país, con otra dimensión de la vida.

El prejuicio racista de la elite dominante impide desarrollar una reflexión nacional, que identifique el inmenso aporte que hemos hecho los indígenas y los negros a la configuración de la identidad nacional y se puedan reparar las deudas socio culturales. La justicia reparativa es clave y es un imperativo ético.




4.- CAMILO: CLASE POPULAR Y UNIDAD

Por: Nelson Alonso Montoya Vásquez.

“La clase dirigente, a pesar de haber detentando el poder sin ningún impedimento,  ha demostrado su incapacidad para manejar el país, para generar condiciones de vida digna. Cuando estamos abocados a una grave crisis económica. Cuando, ante su propia incapacidad, esta misma clase tiene que recurrir a la represión contra todo el que propicie un cambio. Ha declarado  el estado de sitio, ha cometido múltiples asesinatos, ha violentado  a las comunidades, sin embargo  todo esto  no  ha sido obstáculo  para que la Clase Popular se organice y luche, buscando para Colombia la realización de una auténtica revolución”.

El pensamiento y vida de Camilo Torres Restrepo (*), se convierten en un nacedero de posibilidades para leer la historia y para intentar interpretar muchos de los hechos que nos atraviesan hoy en:

+ Lo ideológico.
+ Las prácticas y la participación política.
+ El papel de los diferentes sectores en la lucha.
+ La constitución como sujeto histórico de una Clase Popular que responde a la realidad latinoamericana y colombiana.
+ La estructuración  de un Frente Unido que como tal, responda de manera articulada a la andanada  del  bloque dominante.

Entre otros aspectos quisiéramos en esta ocasión plantear algunas ideas respecto a lo que significa hoy Construir una propuesta de Unidad Popular, en clave del legado  de Camilo.

“A todos los colombianos, a los sectores populares, a las organizaciones de Acción comunal, a los sindicatos, cooperativas, mutualidades, ligas campesinas, comunidades indígenas y organizaciones obreras, a todos los inconformes, a todos los no alineados en los partidos políticos tradicionales, presentamos la siguiente plataforma para unificar en objetivos concretos a los sectores populares colombianos”.

Como se puede observar, el asunto relacionado con una propuesta como estas, que responda en bloque y con sentido de clase al Bloque dominante, es un asunto que va mas allá de un mero asunto organizativo, de la mera voluntad de unirnos,  está atravesado por lecturas que se hagan de la realidad histórica, la Unidad, el Sujeto Histórico, entre otros.

La realidad histórica

Como sociólogo comprometido, la postura de Camilo, es en este sentido absolutamente clara, hay que estar atentos y como pueblo leer  la realidad, que de seguro, no será la misma  que haga la burguesía.  La idea es leer ésta en perspectiva histórica, esto es, partiendo de una realidad de Perogrullo, cual es,  que los tiempos cambian, y con ello, las posibles formas de respuesta; lo anterior implica estar también atentos(as), a las constantes históricas, que en nuestro caso, están marcadas por las lógicas de explotación y empobrecimiento que la clase en el poder ha tenido desde siempre, unida a los intereses del imperio norteamericano, contra la Clase Popular.

Las lecturas deben llevara claridades y  no a falsas ilusiones respecto algunos sectores de la burguesía, o a creer en pronunciamientos hechos por esta clase, como pedir perdón por los atropellos contra las comunidades, o hablar de los derechos de los pobres;  la lectura debe llevarnos  a entender que corresponden a  expresiones vacías, en escenarios populares y con intensiones populistas.  

Leer la realidad, exige no dejarnos confundir para no perder el sentido de nuestras luchas.  Las diferencias y coincidencias en las lecturas, nos aportan para que en un momento histórico determinado,  identifiquemos aliados y antagonistas, tareas prioritarias y por lo menos,  hacer las valoraciones del papel que juega la unidad.  En perspectiva Camilista,  esta última va más allá de un ejercicio de Cálculo político.

Unión por encima del interés de parte

Camilo nos enseña que para los revolucionarios, la Unidad es un imperativo.

“Tenemos nosotros que lograr la unión revolucionaria por encima de las ideologías que nos separan. Los colombianos hemos sido muy dados a las discusiones filosóficas y a las divergencias especulativas. Nos perdemos en discusiones que, aunque del punto de vista teórico son muy valiosas, en las condiciones actuales del país, resultan completamente bizantinas.

Necesitamos la unión por encima de los grupos. Es lastimoso el espectáculo que da la izquierda colombiana. Mientras la clase dirigente se unifica, mientras la minoría que tiene todos los poderes en su mano logra superar las diferencias filosóficas y políticas para defender sus intereses, la clase popular que no cuenta sino con la superioridad numérica es pulverizada por los dirigentes de los diferentes grupos progresistas que, muchas veces, ponen más énfasis en las peleas que tienen entre sí que en su lucha contra la clase dirigente.

La unión debe hacerse por encima de las ambiciones personales. Es necesario que los jefes sepan que no podrán llegar a servir lealmente a la revolución si no es mediante un sacrificio personal, por ese ideal, hasta las últimas consecuencias”.

En esta perspectiva la unidad implica la estructuración de una Plataforma de Unidad, que no debería corresponder a la sumatoria de  plataformas particulares, de agendas, de actividades, o la imposición de una dinámica de trabajo sobre los otros. La unidad implica despojarse del vanguardismo y asumir  la construcción con otros, dejar de lado ‘Yo Tengo’, para potenciar el ‘Nosotros Construimos’.

Hoy a la Clase Popular nos corresponde hacer ingentes esfuerzos  por avanzar en  la construcción de la agenda unitaria, reflejada en la concreción de expresiones como los Mandatos.  La Unidad arrastra a la acción  política Unitaria, no  puede haber unidad sin  acción política Unitaria.

La  Clase Popular es la llamada a ponerse al frente de la Unidad Popular, como bloque que enfrente, la unidad oligárquica, burguesa y mafiosa  que desde siempre ha estado  orientando  este país.  Un bloque en el poder que ha hecho  unidades como el Frente Nacional y hoy, como la propuesta de Unidad Nacional santista.  

La única posibilidad para los empobrecidos, para los golpeados por el capitalismo, sean estos campesinos, negros, indígenas,  pobladores barriales, pequeños propietarios, estudiantes, trabajadores informales, sindicalista, desempleados, es decir, la inmensa mayoría del pueblo colombiano. La única posibilidad, es la ¡Unidad del Pueblo!, es la ¡Unidad de la Clase Popular!  Unidad que no la propiciará nadie que esté  por  fuera de sus intereses, de hecho la burguesía  no  le proporcionara  nada y por el contrario, ha buscado, busca y  buscará, generar confusión, infiltrará gente al interior de las diversas formas organizativas populares,  generará posturas para desacomodar, desestabilizar, cooptar y desviar muchas luchas y luchadores.

Qué es la Clase Popular

Amerita señalar que la postura que subyace al concepto Clase Popular, es la de una elaboración que en primer lugar  se genera desde un académico-investigador de las ciencias sociales, comprometido, que  no habla la “opinión”.  El concepto Clase Popular, es planteado por  alguien que conoció y trabajó con  rigor los conceptos sociológicos.

Lo que hay que desentrañar en la gramática de este concepto, es lo que este sociólogo comprometido con los procesos populares hacía, cuando utilizaba esta expresión.  Camilo, como ningún otro, entendía la práctica sociológica enraizada en realidades concretas, esto lleva un implícito y es el reconocimiento de Sujetos reales, rompiendo con las concepciones que conciben a sujetos, clases, comunidades como construcciones generales, universales, trascendentales, abstractas.

El concepto de Clase Popular  entraña el reconocimiento de la diversidad de explotados y empobrecidos del pueblo colombiano.  Esta Clase nos sitúa a un Sujeto Colectivo, que lo unifica la contradicción con el capitalismo, con sus lógicas de explotación.  Es un Sujeto Real, que en Colombia se constituye desde los campesinos, negros, indígenas, sectores barriales, trabajadores informales; sindicalizados, especialmente de aquellos que siguen asumiendo una postura de clase, que asumen la defensa de los derechos de lo(a)s trabajadore(a)s que visualizan la posibilidad de un tipo de sociedad diferente a la capitalista.

La Clase Popular nos presenta la voz, de un Sujeto que históricamente ha sido privado de toda participación y decisión.  Esto acarrea por lo menos dos grandes retos:

i) Asumir lo mejor de la tradición literaria para los análisis y transformación de nuestra realidad, sin  dogmatismos, pero  sin  caer en las trampas de las modas y banalidades que ofrecen  no pocas lecturas postmodernas.

ii) Construir una visión, un horizonte de sentido, una voz colectiva desde la diversidad, es decir, desde el reconocimiento de lo que somos.

Un frente de todo el pueblo

Hay escenarios de unidad en la actualidad que se vienen estructurando y que sin  análisis muy finos, encuentran gran afinidad con la propuesta, el sentido y los objetivos del Frente Unido del Pueblo (F.U.P), asumido como tarea por  Camilo Torres y un gran grupo de trabajo, entre quienes se encontraba su  madre doña Isabel.  Un movimiento de oposición, en un momento de unidad, de grandes coaliciones de la clase minoritaria en el poder, que se expresaba esencialmente como  Partidos Liberal y Conservador.    La propuesta de Unidad Popular, representada en la década de los sesenta en el F.U.P,  por contraste con la unidad nacional burguesa,  se centraba en los intereses y las necesidades de las zonas rural y urbana; buscaba eliminar a toda costa la Democracia Restringida del Frente Nacional, para propiciar el desarrollo de una democracia Popular, Participativa; de igual  manera procuraba por un pensamiento teológico, que  se recogía en la Teología de la Liberación.  

Los objetivos del F.U.P. de manera contextualizada se pueden resumir en los siguientes ejes:

I. Reforma agraria. La propiedad de la tierra será del que la esté trabajando directamente. ¿Habrá un objetivo  más vigente que este en las luchas que libramos hoy los sectores vinculados al trabajo de la tierra? La ley de tierras desde la perspectiva Popular, debería tener como fundamento que el Estado no le comprará la tierra a nadie. La que se considere necesaria para el bien común será expropiada sin indemnización. Las comunidades ancestrales entrarán en posesión real de las tierras que les pertenecen.

II. La reforma urbana. Todos los habitantes de casas en las ciudades y pueblos serán propietarios de la casa donde habitan. ¿No  es el fundamento para un verdadero  plan de reforma Urbana en  estos tiempos, en que el  capital nacional  y trasnacional  viene desplazando y recomponiendo el uso del territorio  urbano?

III. Planificación. Se hará un plan de carácter obligatorio, tendiente a sustituir importaciones, aumentar las exportaciones e industrializar al país.  Esto es urgente hoy, dada la política de reprimarizacion de la economía nacional; no hay otra posibilidad si se quiere generar empleo seguro, sostenibilidad económica, solidez financiera para tener recursos disponibles que se destinen a la inversión social.    

IV. Política tributaria. Se cobrará un impuesto progresivo; ninguna institución estará exenta de pagar impuesto; los salarios de los trabajadores no serán gravados. ¡Señor tema  en  momentos como el actual!, en los que se discute, implementar  medidas mucho  más agresivas a las existentes en materia de impuestos y desmonte de medidas  que propicien las posibilidades de vida digna del pueblo colombiano.  Hoy  son  muchas las empresas nacionales, trasnacionales y multinacionales  que se enriquecen, se llevan los recursos,  y fuera de ello  no  pagan  impuestos.

V. Nacionalizaciones. Los Bancos, Compañías de Seguros, Hospitales, Clínicas, Centros de fabricación y distribución de medicamentos, los Transportes Públicos, la Radio y la Televisión y la explotación de los recursos naturales, serán del Estado, del Estado  será la responsabilidad por garantizar la educación.  La educación será obligatoria hasta finalizar la educación secundaria o técnica. Habrá sanciones penales para los padres que no cumplan con la obligación de hacer educar a sus hijos. La financiación será prevista en el plan de inversiones oficial.  Como si  fuera poco, la propuesta sobre la propiedad del  subsuelo  es que, sea el Estado el propietario, que la explotación del petróleo se haga  por su cuenta para fines de servir a la economía nacional.  No para fortalecer las arcas particulares y las lógicas de un capitalismo de muerte.   Por esto, las concesiones petroleras que se otorguen a compañías extranjeras será bajo las siguientes condiciones: (a) la participación del Estado no puede ser inferior al 70 por ciento; (b) la refinación, distribución y producción de los combustibles sean servicios públicos bajo su control; (c) devolución al Estado de las empresas, equipos e instalaciones, gratuitamente, a más tardar a los 25 años; (d) los salarios de obreros y empleados colombianos serán por lo menos iguales a los de los extranjeros de la misma categoría. ¡Qué  vigentes estos planteamientos, a propósito de la política de explotación que han impuesto las compañías extranjeras en nuestro país!

VI. Relaciones internacionales. Colombia tendrá relaciones con todos los países del mundo e intercambios de comercio y de cultura en condiciones de equidad y de mutuo beneficio.

VII. Seguridad Social y Salud Pública. El estado implantará un plan integral y progresivo de seguridad social que garantice gratuitamente a la población el derecho a la salud y a la atención médica (sin perjuicio del ejercicio privado de la profesión), que contemple todos los aspectos relacionados con desempleo, invalidez, vejez y muerte. Todo el personal de las profesiones para la salud será funcionario del gobierno y será pagado de acuerdo con el número de familias (hasta un límite que la ley fijará) que soliciten estar bajo su cuidado. Propuesta que contrasta con la realidad por la que atraviesa hoy el pueblo  colombiano, cuando asistimos al  cierre de centros de salud, hospitales, y se declara la inviabilidad de la salud.

VIII. Política Familiar. En vez de estar  haciendo  shows mediáticos con los problemas de las mujeres y los niños, habrá sanciones para los padres de niños abandonados. La protección de la mujer y de los hijos será asegurada por el Estado mediante la destinación de recursos y la estructuración de un marco legal que garantice el cumplimiento de los derechos  de los niños, las mujeres y  los adultos mayores.

IX. Derechos de la mujer. La mujer participará en igualdad de condiciones con el hombre, en las actividades económicas, políticas y sociales del país.

X. Fuerzas Armadas. El presupuesto de las fuerzas armadas será adecuado a su misión sin afectar las necesidades de salud y de educación de los colombianos. La defensa de la soberanía nacional estará a cargo de todo el pueblo colombiano. Las mujeres tendrán obligación de prestar un servicio cívico después de 18 años de edad.

Semillas de Nueva Nación

Aquí encontramos pistas importantes  para seguir  afrontando  los retos de unidad, de construcción de propuestas de nueva Nación.  Elementos para profundizar en los debates referidos al nuevo Sujeto Histórico que en América Latina nos deja  grandes enseñanzas, y de manera particular en Colombia nos dice,  que ‘el rostro de este sujeto es diverso y complejo’, que los unifica las lógicas de explotación del capitalismo que hoy llega hasta los lugares más cotidianos de la vida; un sujeto que se construye sobre la base de la acción decidida que asuman las comunidades; acción política transformadora que le da cuerpo a ese sujeto, unificados en la  lucha.

Este tipo de posturas, son las que nos llevan a seguir firmes en la reivindicación de Camilo, a valorar la vigencia de su  pensamiento, a retomar sus propuestas y aportes para la lectura de la realidad.  La palabra hecha acción nos lleva a decir, somos  Camilistas, por la vigencia de su pensamiento, porque éste se hizo palabra, y la misma se hizo acción revolucionaria; acción que reflejaba su pensar.  Para nosotros es un punto supremamente alto de coherencia humana, política, revolucionaria.    

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* Camilo Torres Restrepo (Bogotá, 3 de febrero de 1929 - Patio Cemento, Santander, 15 de febrero de 1966) fue un sacerdote católico colombiano, pionero de la Teología de la Liberación, cofundador de la primera Facultad de Sociología de América Latina y miembro del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN). Durante su vida, promovió el diálogo y el encuentro entre el marxismo y el cristianismo.




5.- ‘AMÉRICA PARA LOS AMERICANOS’  DIJO MONROE

Por Julieta P, del FTIMH.

John Kerry ha expresado públicamente que ésta revaluada la máxima, le sirvió a los Estados Unidos para intervenir en las  políticas internas  de Latinoamérica y para tratarla como a su patio trasero. Pero qué tan cierta es, esta confesión del Secretario de Estado norteamericano.

Una de  las formas típicas  de los  regímenes burgueses de gobernar, es decir una cosa y hacer otra, podríamos decir que son grandes actores los gobernantes o muy buenas marionetas. El poder tras el gobierno es quien determina la  democracia norteamericana, allí las multinacionales, el capital financiero definen y determinan los rumbos a seguir. De ahí que manidas frases sean utilizadas eternamente para justificar sus intromisiones y toda la fuerza, que hoy le imponen al mundo.

No es casual que un terrorista como Posada Carriles, chantajee al gobierno de EU, con todo lo que sabe sobre el asesinato del presidente Kennedy, él hace parte de la maquinaria de guerra que se mueve más allá del gobierno, de la misma manera que cientos de agencias de inteligencia, ellos tienen como único objetivo mantener intacto el poderío norteamericano. Sin embargo, a este señor no lo colocan como un objetivo de su lucha contra el terrorismo, porque es de los suyos.

La palabra terrorista aún no definida por la jurisprudencia del derecho internacional, sirve para eso, para hacer terrorismo contra los pueblos sin que nadie se atreva tan siquiera a cuestionar, que en nombre de esa palabra como de muchas otras, el imperio comete crímenes atroces, lanza toneladas de bombas, invada con drones, o se multipliquen las ventas de armas. Es así como en Guantánamo se encuentran cientos de presos sin derecho a juicio, si otros los tuvieran dirían que están secuestrados en condiciones infrahumanas, sin esperanza ninguna. Pero más allá de esto, la política del imperio norteamericano esta guantanamizada.

De igual manera manosean y utilizan palabras como la lucha por la democracia, pero para ellos democracias han sido las dictaduras del cono Sur, democracia válida es el golpe dado contra Allende, el atentado contra Torrijos, la abierta guerra económica contra Venezuela y contra Cuba, el derrocamiento de Zelaya y el robo de las elecciones en Honduras. Bien vale el dicho popular, “el imperio no tiene amigo sino intereses”. Es  tal su descaro que hasta a sus mismos aliados los espía,  aunque lo justifiquen  en nombre de la democracia.

De igual manera utiliza la defensa de los derechos humanos: ¿la de los inmigrantes? ¿La de los latinos que son puestos como carne de cañón en cada guerra? ¿Los derechos humanos de las minorías, que los asesinan en Medio oriente cuando sus intereses no encajan con el saqueo del petróleo? Pero cuando encajan, los financian y los enaltecen, como a AlQaeda y a la oposición en Siria. En nombre de la libertad y la democracia  financiaron las Revoluciones naranja.

En nombre de la libertad han desplegado por todo el mundo su aparataje de guerra, para desarrollar simultáneamente cualquier cantidad de guerras. En nombre de la libertad le imponen condiciones económicas y políticas a los pueblos que invaden y destruyen: Afganistán, Irak, Egipto,  Colombia, Honduras, en donde combinan todas sus estrategias de saqueo económico, político y de mercado.

En nombre del  libre mercado, ellos generan políticas proteccionistas para sus productos y desarrollan e impulsan Tratados de libre comercio para vender sus productos subsidiados. Mantienen su mercado y su moneda a costa del sudor y el hambre del resto de países del mundo.

A nombre de la lucha contra las drogas, EU es el país con mayor cantidad de drogadictos y consumidores, mientras vende desde químicos hasta aviones para acabar con la droga en el resto del mundo. Mientras ellos las legalizan, consumen y disfrutan de sus multimillonarias ganancias. Mientras ellos se promocionan  como “el policía del mundo”, muestran sus garras cuando los pueblos dejan de seguirlos.  Justifican  los gobiernos de derecha a nombre de la seguridad y la libertad, que según ellos, pueden brindar.

Pero, “no hay mal que dure cien años ni cuerpo que lo resista”; no es que ellos estén cambiando, es que los pueblos de nuestra América estamos cambiando y ya no tragamos entero. Cada vez más gobernantes de nuestros pueblos, no aceptan que seamos tratados como países de segunda y tercera clase. No es que los EU quieran ahora tratarnos en condiciones de igualdad y respeto, es que nosotros los pueblos Nuestro Americanos no aceptamos ser tratados como peones de brega.

La presidenta de Brasil no cree en “el abrazo del águila”, que un día nos utiliza y al otro día nos humilla. Hasta los gobiernos amigos de EU se sienten irrespetados.  Más allá de su honor, el capitalismo arrebata sueños a los pueblos, predica el mundo del modelo americano en quiebra, que para ser real y justo, debería, ser tres veces el existente, con infinidad de estacionamientos, y las máscaras en nuestras caras, mientras el calentamiento global nos acaba de consumir.

No es que el imperio norteamericano haya entendido, nooo. Es que los pueblos del mundo estamos entendiendo que se deben cambiar los paradigmas, que el paraíso y el eufemismo de que “todos seremos propietarios”, se ha ido derrumbando en el capitalismo, allí no es posible… a la crisis económica le acompaña una crisis cultural y civilizatoria. No solo se trata de cambiar el modelo o el amo, se trata de cambiar  nuestros sures para que lo imposible se haga realidad. Son tiempos de paz  con justicia social,  de revolución, un mundo en pugna para los excluidos, donde nosotros los excluidos por fin seremos protagonistas, dueños de nuestro destino, de nuestro suelo, de nuestra patria, de nuestro futuro.




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(Revista Insurrección Nº 401) ELN: "Compartimos un acuerdo especial sobre hostilidades en Colombia" 0-copy10 Fuente: Prensa Comando Central ELN



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