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Chilenos votan 'en Contra' y le dicen NO a la Constitución redactada por la derecha y ultraderecha

Chilenos votan 'en Contra' y le dicen NO a la Constitución redactada por la derecha y ultraderecha

17-12-2023
                                    

Redpres |.- Con el 54,76% de las mesas escrutadas, el resultado actual de la votación chilena sobre una nueva constitución es que el 'en contra' se impone con un 55,16% frente al 44,24% del 'a Favor'. Este plebiscito es el segundo que se realiza en apenas 15 meses, con el objetivo de reemplazar la Constitución vigente en Chile, la cual proviene de la dictadura de Augusto Pinochet.

El proceso actual es similar al realizado en septiembre del año pasado, donde se sometió a consulta un proyecto redactado por una Convención Constitucional con mayoría de integrantes progresistas o de izquierda, el cual fue rechazado por la derecha y ultraderecha. En esa ocasión, el 61,8% de la población votó en contra de la propuesta, representando una derrota política para el presidente Gabriel Boric, quien llevaba seis meses en el Gobierno.

En contraste, el borrador actual de la nueva constitución fue elaborado por un Consejo Constitucional con mayoría de militantes de la derecha y ultraderecha, lo cual ha generado críticas por parte de los colectivos de izquierda o progresistas, incluyendo al oficialismo.


En ambos procesos, no ha habido consensos, puntos medios, equilibrios o acuerdos. Si en esta ocasión el voto a favor resulta ganador, Boric deberá promulgar una constitución con la que no está de acuerdo. Por otro lado, si el voto en contra triunfa, no habrá un tercer proceso y seguirá vigente la actual carta magna.

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Documentos desclasificados confirman que EEUU saboteó economía de Chile para derrocar a Allende

Documentos desclasificados confirman que EEUU saboteó economía de Chile para derrocar a Allende

12-09-2023
                                    
Redpres |.- En septiembre de 1970, Salvador Allende, el candidato socialista, ganó las elecciones presidenciales en Chile, lo que preocupó al Gobierno de Estados Unidos.

Bajo la dirección del consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Henry Kissinger, se intentó evitar que Allende fuera posesionado en la presidencia y se incitó a las fuerzas militares a rebelarse. Sin embargo, este plan fracasó y se optó por una estrategia más siniestra que buscaba el colapso económico del país para crear las condiciones para un golpe de Estado. Esta conspiración se llevó a cabo en septiembre de 1973.

A 50 años de estos acontecimientos, es importante recordar cómo Estados Unidos y sus aliados locales e internacionales trabajaron para desestabilizar la economía chilena y derrocar a un líder popular que representaba una amenaza para sus intereses geopolíticos.

Después de que Salvador Allende ganara las elecciones, los intentos por derrocarlo comenzaron y fueron liderados por Kissinger, según cientos de documentos desclasificados en distintas agencias oficiales de EE.UU.

La Administración Nixon trató de evitar su investidura a través de manipulaciones en el Congreso y respaldó el golpe militar, incluso asesinando al comandante general del Ejército, René Schneider.

También consideraron otros métodos para defenestrar al mandatario democráticamente electo sin que se pudiera detectar la intervención directa de EE.UU. en el proceso.


La crisis económica inducida se presentaba como el escenario más favorable, ya que Washington tenía amplia influencia en los organismos multilaterales y ante gobiernos europeos anticomunistas.

En un telegrama de la embajada estadounidense en Santiago, se relata que la economía chilena estaba en su mejor forma, acumulando 500.000.000 millones de dólares en reservas duras, cifra superior a la tasa per cápita de EE.UU. en aquellos años.

También se pronosticaba que el Gobierno de Allende evitaría una gran salida de divisas en ganancias y se convertiría en el segundo mayor productor de cobre del mundo, superando a la Unión Soviética, gracias a la enorme inversión de empresas estadounidenses. Sin embargo, la Administración Nixon ordenó asfixiar la economía de Chile y propiciar un cambio de régimen en la nación suramericana. Se procedió a cercar todos los ámbitos ventajosos o auspiciosos para Allende y su gobierno.

"El caso es que no necesita enfrentar ninguna restricción económica por algún tiempo", se lee en el informe.

Aunque el documento no menciona detalles específicos, se refiere a dos empresas estadounidenses, Kenneth Corp. Cooper y International Telephone and Telegraphs (ITT), que posteriormente jugarían un papel importante en la asfixia económica de Chile.

Diez días después, en una reunión con Kissinger, Nixon ordenó a la CIA que utilizara sus mejores agentes para debilitar la economía chilena y provocar un cambio de régimen, manteniendo la presencia estadounidense en secreto.

El Memorándum de Decisión 93, emitido después de la investidura de Allende, estableció las líneas maestras del plan de asfixia económica acordado por la Administración Nixon, que incluía la limitación de créditos y financiamiento a Chile a través de instituciones financieras internacionales.


Se llevó a cabo una estrategia similar para rodear todas las áreas que el informe del 5 de septiembre de 1970 había identificado como beneficiosas, con el fin de evitar que el país andino obtuviera ganancias económicas y provocar una ruptura social deseada, ya sea para lograr la renuncia de Allende o para que los militares lo sacaran del poder.

Durante dos años, EE.UU. bloqueó subrepticiamente la economía chilena suspendiendo créditos, manipulando el mercado del cobre y amenazando a las compañías chilenas que comerciaban con Europa del Este o la Unión Soviética.

Kenneth Corp. e ITT torpedearon las negociaciones con el Estado chileno y la CIA pagó a compañías dueñas de camiones para boicotear el transporte de mercancías.

Todo esto provocó una creciente crisis económica en Chile.

En diciembre de 1972, el presidente Salvador Allende compareció en la Asamblea General de las Naciones Unidas para pronunciar su discurso anual.

El presidente chileno Salvador Allende denunció en la alocución que su país estaba siendo sometido a una presión externa para impedir la instalación de un gobierno libremente elegido y derrocarlo, así como para aislarlo del mundo, estrangular su economía y paralizar el comercio del cobre.

"Desde el momento mismo en que triunfamos electoralmente, el 4 de septiembre de 1970, estamos afectados por el desarrollo de una presión externa de gran envergadura, que pretendió impedir la instalación de un Gobierno libremente elegido por el pueblo y derrocarlo desde entonces. Que ha querido aislarnos del mundo, estrangular la economía y paralizar el comercio del principal producto de exportación –el cobre– y privarnos del acceso a las fuentes de financiamiento internacional", señaló Allende en la ONU.


Aunque contó con el respaldo de la Asamblea, no se llevó a cabo una investigación en las instituciones financieras internacionales y otras instancias multilaterales para dejar al descubierto la trama urdida desde Estados Unidos para cercar económicamente a Chile.

En 1972, el producto interno bruto chileno se contrajo un 4% en relación con el año anterior y la inflación acumulada superó el 600% en 1973.

En octubre de 1972, un paro patronal dio inicio a una serie de ataques económicos internos en Chile. Partidos de derecha organizaron manifestaciones antigubernamentales por el alto costo de la vida y la escasez de insumos básicos, con la cooperación de comerciantes y distribuidores. Su objetivo era hacer desistir al presidente Allende de su plan de nacionalizaciones y frenar su reforma agraria. En respuesta, el gobierno creó las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios para distribuir los productos de primera necesidad de forma equitativa entre la población.


A pesar de la compleja situación, en las elecciones legislativas de marzo de 1973, la coalición gubernamental Unidad Popular obtuvo 141 escaños en la Cámara de Diputados y 17 senadores, lo que fue visto como un voto de confianza hacia el proyecto allendista. La oposición no logró conseguir el control de las dos terceras partes del Parlamento, lo que impedía bloquear cualquier iniciativa del Ejecutivo.

La CIA recomendó inducir a las Fuerzas Armadas a tomar el poder y destruir el Gobierno de Allende. En el segundo trimestre de 1973, el clima sociopolítico en Chile empeoró, con largas filas para adquirir alimentos, inflación y atentados terroristas cada 10 minutos. Se habían creado las condiciones para un golpe de Estado militar.

El 29 de junio se produjo la primera asonada en Chile, conocida como 'El Tanquetazo', cuando el Regimiento Blindado Nº2 se rebeló contra La Moneda y tomó las calles de Santiago con tanques. Aunque la rebelión fue conjurada, el estamento militar había inclinado la balanza hacia el fin del Gobierno socialista y la suerte terminó de echarse un par de meses más tarde.

Aunque los documentos que detallan la política exterior de EE.UU. hacia Chile durante el golpe de Estado contra Allende comenzaron a ser desclasificados 25 años después, no hay duda de que Estados Unidos estuvo implicado en su desplazamiento del poder. Utilizaron una estrategia combinada de colapso económico programado, sabotajes a los servicios esenciales, propaganda anticomunista y un alzamiento militar.

Desde 1974, esto ha sido un hecho conocido. El Comité Church, una instancia de investigación del Senado de EE.UU., investigó las operaciones encubiertas de la Administración Nixon y encontró mucha evidencia al respecto. Seymour Hersh divulgó gran parte de ella en una serie de reportajes en The New York Times.

Según el jefe de la CIA ante el Comité, se destinaron ocho millones de dólares (unos 60 millones al cambio actual) para financiar la campaña contra Allende entre 1970 y 1973.


El poderoso Comité 40, encabezado por Kissinger y con escasa supervisión, tomó muchas decisiones para emplear estos recursos con fines desestabilizadores. A pesar del Escándalo de Watergate, que terminaría con la dimisión de Nixon en agosto de 1974, tanto el mandatario como Kissinger utilizaron su poder para obstruir las investigaciones y sostuvieron durante décadas que las actuaciones de la Casa Blanca en Chile entre 1970 y 1973 se limitaron al "fortalecimiento" de los partidos de oposición, sin que ello supusiera ninguna injerencia en la política interna chilena.

Durante su estadía como embajador estadounidense en Chile entre 1968 y 1972, Edward Korry aseguró que Estados Unidos nunca intentó presionar, subvertir o influenciar a ningún miembro del Congreso chileno.

"EE.UU. no buscó presionar, subvertir, influenciar a un solo miembro del Congreso chileno en ningún momento en los cuatro años completos de mi estadía. En ningún momento se llevó a cabo una línea dura hacia Chile", afirmó Korry.

También aseguró que nunca se llevó a cabo una política dura hacia Chile. Sin embargo, la mayoría de los implicados en la estrategia de cambio de régimen implementada en Chile por Estados Unidos y su posterior respaldo a la dictadura militar de Augusto Pinochet fallecieron sin rendir cuentas por sus acciones.

Aunque Kissinger fue demandado por familiares del general Schneider, la Corte Suprema desestimó el caso debido a la independencia de poderes en el país. Aún no ha reconocido su papel en el plan que llevó al derrocamiento de Salvador Allende.

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Siete militares son condenados por la Corte Suprema de Chile por el secuestro y asesinato de Víctor Jara

Siete militares son condenados por la Corte Suprema de Chile por el secuestro y asesinato de Víctor Jara

28-08-2023
                                    
Redpres |.- Siete militares retirados del Ejército fueron condenados por la Corte Suprema de Chile por los secuestros, torturas y asesinatos del cantautor revolucionario, profesor y militante comunista Víctor Jara Martínez, y del exdirector de prisiones del Gobierno del presidente Salvador Allende, Littré Abraham Quiroga Carvajal.

Los crímenes ocurrieron en septiembre de 1973 en Santiago, la capital del país, al comienzo de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). La Segunda Sala de la CSC falló de manera unánime contra los siete militares, encontrándolos culpables de "secuestro calificado y homicidio calificado". El Poder Judicial informó a través de un comunicado de prensa sobre la sentencia definitiva emitida este lunes.

Seis de los acusados, Raúl Jofré González, Edwin Dimter Bianchi, Nelson Haase Mazzei, Ernesto Bethke Wulf, Juan Jara Quintana y Hernán Chacón Soto, han sido condenados a 15 años y un día de prisión por ser los responsables de los asesinatos, y a otros 10 años y un día de cárcel por el delito de secuestro calificado de ambas víctimas.

El exmilitar Rolando Melo Silva ha sido sentenciado a cinco años y un día de cárcel por encubrir los asesinatos y a tres años y un día de presidio por los secuestros.

El Poder Judicial ha confirmado la sentencia previa contra los condenados, desestimando la apelación presentada por su defensa.

Además de las penas de prisión, el Estado chileno deberá indemnizar a la viuda e hijos de Jara con 150 millones de pesos cada uno, aproximadamente 175.500 dólares. La esposa e hijos de Quiroga también recibirán la misma cantidad, mientras que cada uno de sus hermanos tendrá derecho a 80 millones de pesos, alrededor de 93.600 dólares.

Después del golpe de Estado en Chile en 1973, la Junta Militar liderada por Augusto Pinochet secuestró y asesinó a Víctor Jara y Lumi Videla Quiroga, junto con miles de otras personas consideradas "comunistas" u "opositores" de izquierda.

Los militares practicaron detenciones ilegales, abusos psicológicos y torturas en el Estadio Nacional de Chile, donde separaron a Jara y Quiroga de la mayoría de los prisioneros. Ambos sufrieron constantes agresiones físicas y verbales por parte de los oficiales de Ejército. Los militares acusaron a Quiroga de haber puesto en prisión al general Roberto Viaux, mientras que a Jara le recriminaron su activismo artístico, cultural y político relacionado con el Gobierno derrocado.

Jara y Quiroga fueron torturados y asesinados por militares el 15 de septiembre de 1973 en el Estadio Nacional de Santiago. Les dispararon a mansalva y sus cuerpos fueron dejados en la vía pública junto a otros cadáveres. Jara recibió 44 disparos y Quiroga 23.

Los uniformados utilizaron armamento del Ejército. Sus restos fueron encontrados al día siguiente por miembros de organizaciones comunitarias y sociales cerca del Cementerio Metropolitano de Santiago.

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